Elon Musk y su comité de acción política, America PAC, se enfrentan a una demanda civil presentada por Larry Krasner, fiscal del distrito de Filadelfia, el pasado 28 de octubre de 2024. La demanda alega que los sorteos que ofrecen un millón de dólares diariamente a votantes registrados en Pensilvania constituyen una lotería ilegal, en contravención de las leyes estatales de lotería y protección al consumidor.
‍

Según los detalles de la demanda, Elon Musk ha estado incentivando a los votantes registrados a firmar una petición en defensa de la libertad de expresión y el derecho a portar armas. Inicialmente, se ofrecía 47 dólares por cada nuevo votante registrado que firmara la petición, pero la recompensa aumentó posteriormente a 100 dólares. Estos sorteos, según la demanda, no solo son ilegales bajo la ley estatal, que estipula que todas las loterías deben ser operadas por el estado, sino que también engañan a los ciudadanos para que proporcionen información personal y hagan promesas políticas.

‍
Krasner también ha sugerido que los sorteos están amañados. Citó que los ganadores suelen ser asistentes frecuentes a mítines de Donald Trump, lo cual pone en duda la aleatoriedad de la selección de los ganadores. Adicionalmente, el Departamento de Justicia había advertido a America PAC una semana antes de la demanda que sus sorteos podrían violar la ley federal, la cual prohíbe ofrecer incentivos a cambio de registro o votación. Las violaciones pueden llevar a multas de hasta 10,000 dólares y penas de prisión de hasta cinco años.

‍
El panorama financiero agrega una capa de complejidad al caso. Elon Musk ha donado más de 120 millones de dólares a campañas republicanas, incluyendo 75 millones a su PAC pro-Trump en un periodo de tres meses. Este significativo respaldo financiero a las campañas republicanas reafirma las preocupaciones sobre la posible influencia indebida en el proceso electoral.

‍
Hasta el momento, America PAC no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. Sin embargo, se ha programado una audiencia judicial para el 3 de noviembre de 2024, en la que se discutirá la validez de las acusaciones y se determinarán los próximos pasos a seguir.

‍
Este caso se desarrolla en un contexto electoral tenso, con crecientes preocupaciones sobre la integridad de las elecciones y el uso de incentivos monetarios para influir en el registro de votantes y sus decisiones.