La Canallada Jurídica contra Daniel Quintero: El eco de los inocentes

Frases de el cuento "Ante la Ley " de Franz Kafka:

"La ley es accesible, pero no para todos."

"El guardián dice que la ley es tan difícil de entender como de alcanzar."

"La ley es como un sueño, siempre está ahí, pero nunca se alcanza."

"La ley no se revela, solo se percibe."

"La ley no es un lugar, sino una relación."

Hay épocas en que la ley deja de ser un refugio y se convierte en trampa. Épocas en que, como dijo Albert Camus, “el verdugo y el juez intercambian sus togas en nombre del orden”. Lo que se vivió en la audiencia de imputación contra Daniel Quintero no fue un error procesal. Fue la manifestación exacta de un sistema que ha perdido lo que le da sentido: la justicia como un respeto sagrado hacia la dignidad humana.

Lo que ocurrió ese día fue un escenario montado, una farsa, donde el Estado fabricó delitos, el juez posó de neutral mientras, en realidad, daba la mano a la fiscalía, y los medios, como siempre, se convirtieron en meros operadores del relato oficial. Este proceso no fue un juicio, fue un linchamiento disfrazado de justicia. El daño no fue solo jurídico, sino que también fue mediático, social y humano.

Defenderse en Colombia hoy es caminar por un campo minado, donde el aparato estatal actúa como un monstruo que no tiene piedad, y el ciudadano, indefenso, no tiene más que la esperanza de no ser aplastado por la máquina judicial. Porque el sistema tiene múltiples niveles para derribar a quien se le enfrente: un juez de primera instancia puede absolver, pero la segunda instancia revoca. Si la segunda instancia absuelve, entra la casación, y si ahí se sobrevive, llega la tutela por vía de hecho, que puede reabrir todo el proceso. Y si esto también se supera, la Corte Constitucional puede reabrirlo en revisión, todo esto mientras la difamación sigue su curso en los grandes medios.

Este es un sistema que se jacta de ser garantista, pero que en la práctica no ofrece garantías reales. En vez de proteger los derechos del ciudadano, crea mil caminos por los cuales su justicia puede ser destruida. No hay jurados de conciencia, no hay pares, solo un sistema que alimenta el temor y la incertidumbre. Coacción pura.

Repasemos nuestro sistema judicial. Es crucial recordar que el Pacto de San José, al que Colombia está suscrita, protege el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El principio del non bis in idem es una piedra angular del derecho penal internacional, que impide la repetición de un juicio cuando ya se ha alcanzado una resolución definitiva, sea de absolución o condena. Este principio está gravemente violado cuando, en Colombia, un proceso puede reabrirse en múltiples instancias, tal como ocurre en muchos casos, aún no en este, aclaro. Y si quieres resetear la justicia en propuestas como candidato presidencial, te van a aniquilar. Aplicar el bloque de constitucionalidad en este aspecto es letra muerta y el lawfare se quedaría sin dientes en este maremagnun endémico de inequidad.

En Estados Unidos, un juicio que termina con una absolución tiene vocación de permanencia. La justicia estadounidense es un sistema con jurados de conciencia, y aunque existen ciertos mecanismos excepcionales para revisar una absolución (por ejemplo, en casos de nueva evidencia), la regla general es que una absolución tiene carácter definitivo. En Colombia, en cambio, sumado a lo ya expuesto, seis veces absuelto algún paisano, incluyen además la acción de revisión para revocar una absolución, que debería ser la única excepción. Sigue incólume una herramienta de abuso, donde la justicia se convierte en una rueda interminable de la fortuna o de posibles revocaciones y nulidades, como en una ruleta y hagan sus apuestas.

Y si alguien logra resistir todo esto, el linchamiento social nunca cesa. Los medios lo convierten en un chivo expiatorio, manipulando la verdad y utilizando la difamación como herramienta principal, mas si tienes antecedentes de no darles gruesos presupuestos para publicidad y lavada de imagen a los medios, te van a moler. Y esto es solo la punta del iceberg de lo que estamos viviendo.

El papel anodino de la Procuraduría: Un parásito costoso

En medio de todo esto, ¿dónde estaba la Procuraduría? ¿Dónde estaba ese supuesto ente encargado de velar por los derechos fundamentales? Inexistente. No fue más que un espectador mudo, ausente en los momentos cruciales. Su presencia solo perpetúa una burocracia costosa y politizada que no hace nada para proteger al ciudadano, sino para sostener elucubraciones oratorias, repetir y alargar los debates. Además es otro agente del Estado. Todos a una como en Fuenteovejuna.

De vieja data se han decantado los requisitos para formular una imputación, cito sentencia de casación de la CSJ SP3168-2017 de fecha 08/03/2017 que refiere el concepto de hecho jurídicamente relevante. Este concepto fue incluido en varias normas de la Ley 906 de 2004. Puntualmente, los artículos 288 y 337, que regulan el contenido de la imputación y de la acusación, respectivamente, disponen que en ambos escenarios de la actuación penal la Fiscalía debe hacer “una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes”.

Lo anterior acorde a la Constitución Política de Colombia de 1991, art. 250, Ley 599 de 2000, art. 29, Ley 906 de 2004, arts. 200, 288, 336 y 337. Ver también, entre otras, las providencias: CSJ SP4323-2015 y CSJ SP919 de 2916.

Se infiere que dicha imputación debe describir de forma clara, concreta y específica los hechos jurídicamente relevantes; no basta con interpretaciones o enfoques difusos.

Citaré algunas irregularidades en la audiencia de imputación sin ahondar para no fatigarles, que podrían llegar a cien, ¡imaginen cuántos disparates se dijeron!

El caso Quintero se presentó como un claro ejemplo de irregularidades judiciales que oscurecen la búsqueda de justicia. En lugar de ser una instancia imparcial y equitativa, la audiencia se transformó en un espectáculo de intereses políticos y manipulaciones procesales.

1. Se destacó la actitud de un juez activista que, lejos de mantener la objetividad, intervino de forma excesiva y sesgada a favor de la fiscalía, distorsionando la esencia del proceso.

2. La fiscalía, por su parte, demostró una falta de claridad y consistencia en las imputaciones, con múltiples auxiliares actuando de manera desorganizada y con un objetivo claro: no esclarecer los hechos, sino imponer una imputación a toda costa.

3. Hubo una clara violación del principio de igualdad de armas, con la defensa sin las mismas oportunidades de confrontar las acusaciones y la falta de transparencia en la actuación de la fiscalía.

4. La defensa fue obstaculizada de manera flagrante, incluyendo la citación de resoluciones inexistentes y el bloqueo de intervenciones fundamentales para el debido proceso.

5. En el trasfondo de todo el proceso, se apreció un uso del derecho penal como herramienta política, una manipulación de hechos y testimonios para favorecer ciertos intereses electorales.

6. La presunción de culpabilidad se impuso sin pruebas suficientes, invirtiendo la carga probatoria y vulnerando el debido proceso.

7. Además, se constató una alarmante falta de imparcialidad, con un juez que actuó más como un defensor de la fiscalía que como un garante de los derechos del imputado.

8. La participación de terceros no identificados y el manejo opaco de las pruebas mostraron un proceso carente de transparencia, con un claro tinte inquisitorial.

9. Finalmente, la audiencia reveló falencias profundas en el manejo judicial y la preparación jurídica, dejando una sensación de impotencia frente a la falta de profesionalismo y el uso del derecho como herramienta de poder político, más que de justicia.

El caso reflejó una serie de abusos procesales que no solo comprometen el derecho a un proceso justo, sino que ponen en evidencia la manipulación del sistema judicial para fines que nada tienen que ver con la justicia.

Se afectó así la honra y el buen nombre del ahora imputado, rompiendo el principio de presunción de inocencia hasta los tuétanos.

La complicidad de los medios: Una coprología organizada

El daño no solo fue jurídico, sino también mediático. Los grandes medios de comunicación no se comportaron como vigilantes del poder, sino como cómplices en la construcción de una narrativa política. Como dijo el Papa Francisco, este es el comportamiento de los medios cuando “difaman, calumnian, desinforman, y presentan verdades a medias”. Los medios se convirtieron en una herramienta para destruir la reputación de un hombre, sin importar la verdad.

Conclusión: El asesinato civil de un adversario incómodo

Lo que se hace hoy contra Daniel Quintero es un aviso. Si no reaccionamos, mañana cualquiera puede ser la siguiente víctima. La audiencia de imputación no fue justicia, fue un linchamiento político disfrazado de derecho. Lo que estamos viendo no es un sistema garantista, sino una maquinaria de destrucción del adversario, un lawfare ejecutado en su máxima expresión.

Es tiempo de despertar, de no dejar que la historia olvide que aquellos que se atrevieron a resistir fueron los verdaderos forjadores de cambios. Porque en este sistema que hoy nos aplasta, la única resistencia verdadera está en mantener el corazón limpio frente a la mentira y la manipulación.

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