La reciente aprobación por parte del Parlamento de Madagascar de una ley que permite la castración química y, en ciertos casos, quirúrgica de violadores de menores ha desatado un intenso debate tanto a nivel local como internacional. Esta legislación, que busca imponer medidas más severas contra los delitos sexuales cometidos contra niños, refleja la creciente preocupación por el alarmante número de casos de violación de menores en el país. En 2023, se registraron 600 casos, y solo en enero de este año, ya se han contabilizado 133 casos más, según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia.

La Ministra de Justicia, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, ha defendido la ley como una necesidad imperante ante la incapacidad del código penal actual para disuadir a los perpetradores de estos graves delitos. La ley estipula que la castración quirúrgica se aplicará invariablemente a los culpables de violar a niños menores de 10 años, mientras que los casos de violación de niños entre 10 y 13 años podrán ser castigados con castración quirúrgica o química. Los delitos contra menores de entre 14 y 17 años serán sancionados con castración química, además de enfrentar penas de prisión más severas, incluso de cadena perpetua.

Este enfoque radical ha sido criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que califican la medida de “tratamiento inhumano y degradante” y la consideran inconsistente con las leyes constitucionales de Madagascar. La preocupación principal radica en la efectividad de tales medidas punitivas para abordar las causas subyacentes de la violencia sexual y en su capacidad para garantizar la protección de las víctimas dentro de un sistema judicial percibido como opaco y corrupto.

A pesar de las críticas, hay voces dentro de Madagascar que respaldan la ley, argumentando que las medidas actuales han sido insuficientes para lidiar con la cultura de la violación que prevalece en el país. Activistas locales, como Jessica Lolonirina Nivoseheno del grupo Mujeres Rompen el Silencio, apoyan la ley como un avance necesario y un disuasivo potencial contra futuros ataques. Esta división de opiniones subraya la complejidad del debate sobre cómo abordar mejor los delitos sexuales contra menores, equilibrando la necesidad de protección de las víctimas con los principios de justicia y derechos humanos.