La decisión de la Junta Europea de Protección de Datos (EDPB), que afecta directamente al modelo de negocio central de Meta, exige la conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que ha sido desatendido por la compañía desde su entrada en vigor en 2018. Esta medida, que debe implementarse a partir del 8 de noviembre, pone en jaque la estrategia de Meta de utilizar los datos personales de los usuarios —desde información proporcionada voluntariamente en las redes sociales hasta datos recopilados de historiales de navegación— para afinar el alcance de las campañas publicitarias.

Durante más de una década, la industria de la publicidad personalizada ha sido dominada por Facebook y Google, convirtiéndolos en los gigantes tecnológicos actuales. Sin embargo, esta fuente de ingresos para Meta no está en peligro inmediato. La autoridad de protección de datos de Irlanda, donde Meta tiene su sede europea, ya había anticipado esta decisión. Curiosamente, Meta anunció la introducción de una tarifa de 13 euros para aquellos usuarios que opten por no ser perfilados para publicidad personalizada, justo un día antes de la decisión del EDPB.

Jorge García Herrero, delegado de protección de datos y abogado especialista, sugiere que en la práctica, pocos usuarios optarán por pagar, permitiendo a Meta continuar con sus operaciones habituales. A pesar de que Meta parece estar preparada para este cambio, la decisión es significativa ya que marca una dirección clara que la UE seguirá en materia de protección de datos.

La presidenta del EDPB, Anu Talus, ha enfatizado la necesidad de que Meta ajuste sus prácticas de procesamiento de datos a la normativa y detenga las prácticas ilegales. La respuesta de Meta a esta decisión ha sido anunciar que ofrecerán a los ciudadanos de la UE y del Espacio Económico Europeo la opción de dar su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales y, en noviembre, presentarán un modelo de suscripción para cumplir con los requisitos normativos. Sin embargo, la compañía también ha expresado su descontento, alegando que la decisión ignora el proceso regulatorio en el que ya estaban comprometidos.