Un informe de Bloomberg ha revelado nuevas demandas de analistas y activistas venezolanos que buscan sanciones más fuertes y una investigación exhaustiva sobre el uso de criptomonedas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro para evadir restricciones internacionales. Estados Unidos reinstauró sanciones el 31 de mayo al oro y al petróleo venezolanos tras el incumplimiento de Maduro de un acuerdo que buscaba garantizar una votación más equitativa en las elecciones de julio. En 2018, el Gobierno venezolano lanzó el petro, su propia criptomoneda respaldada por reservas de petróleo y otros minerales del país, con el objetivo de sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, esta medida ha sido fuertemente criticada por utilizar fondos potenciales para el alivio económico en estrategias de elusión de sanciones. El informe enfatiza que tanto Estados Unidos como la Unión Europea deben implementar sanciones más exhaustivas y realizar investigaciones rigurosas sobre el uso de criptomonedas por parte del Gobierno venezolano. Un análisis de la cadena de bloques por Chainalysis mostró que la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela gestionó más de 70 millones de dólares en criptomonedas estables a través de múltiples cuentas en servicios de criptomonedas para simplificar transacciones. Un portavoz de Chainalysis indicó que no disponen de datos específicos sobre la cantidad de transacciones incautadas por EE.UU. en las que el Gobierno venezolano utilizó criptomonedas para evadir sanciones, destacando la transparencia limitada en este sector. El desvío de fondos a través de estas actividades plantea serias preocupaciones sobre la economía devastada de Venezuela y la falta de inversiones en sectores críticos para la recuperación del país.