El gobierno de España emitió la orden de eliminación de 65,935 anuncios de propiedades de alquiler turístico de la plataforma Airbnb bajo el argumento de múltiples violaciones a las regulaciones vigentes, entre ellas la ausencia de número de licencia, información incorrecta sobre la naturaleza del propietario (individual o corporativo) y discrepancias detectadas entre los datos publicados y los registros oficiales. La medida afecta principalmente a viviendas localizadas en Madrid, Andalucía y Cataluña, regiones que concentran una significativa parte del flujo turístico nacional.
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El proceso de eliminación recibió respaldo judicial, luego de que un tribunal de Madrid avalara la decisión oficial, resultando en la eliminación inmediata de 4,984 anuncios y anticipando más bajas conforme avance el proceso. Esta acción administrativa se enmarca en un contexto nacional de aumento sostenido de los precios de la vivienda, especialmente en las principales ciudades, acompañado de un incremento del 15% en los alquileres turísticos licenciados desde 2020, alcanzando un total aproximado de 321,000 hasta noviembre de 2024. Autoridades reconocen, sin embargo, que existe un número considerable de alojamientos operando al margen de la legalidad.
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La decisión del gobierno español ocurre en medio de crecientes protestas ciudadanas contra el turismo masivo, destacándose movilizaciones en las Islas Canarias donde miles de manifestantes han exigido medidas para frenar el impacto del turismo sobre el acceso a la vivienda de los residentes.
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Por su parte, Airbnb ha anunciado que apelará la resolución, argumentando que la responsabilidad sobre la veracidad de los listados recae en los anfitriones y no en la empresa, y que no se ha presentado prueba de infracción por parte de los usuarios. La plataforma sostiene que el problema de la vivienda en España responde a una falta de oferta disponible y no a la actividad de los alquileres turísticos.
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La intervención del gobierno supone una acción directa sobre la industria del alquiler vacacional, sector que, junto al turismo, constituye un pilar relevante para la economía nacional. La medida refleja un giro hacia el endurecimiento regulatorio del segmento de alquileres a corto plazo, respondiendo a la presión social que reclama freno a la gentrificación y el aumento de los precios de la vivienda en zonas de alta demanda turística.