El 23 de abril de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió las acusaciones presentadas por su exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, quien afirmó que el mandatario enfrenta un problema de adicción a las drogas y que esta situación afecta su capacidad para gobernar. Leyva, quien fue canciller desde agosto de 2022 hasta abril de 2024, detalló en una carta pública que tuvo evidencia directa de la supuesta adicción de Petro durante una visita oficial a París en junio de 2023, cuando el mandatario se ausentó sin explicación durante dos días.
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En la misiva dirigida a la opinión pública, Leyva señaló haber presenciado “desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes” y otros comportamientos que, según su criterio, constituyen muestras claras de adicción. Leyva añadió que observó manifestaciones asociadas al deterioro de la salud mental de Petro, como “frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación”. El exministro lamentó no haber intentado intervenir ante lo que calificó como “un problema de drogadicción” del presidente, y sostuvo que “nunca se repuso” de esta condición.
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El presidente Petro utilizó sus redes sociales para responder a estos señalamientos, defendiendo su estancia en París durante la visita oficial de 2023. Explicó que la permanencia extendida en la ciudad se debió a la oferta cultural y a la presencia de miembros de su familia en la capital francesa. En su comunicado, Petro cuestionó las acusaciones e insinuó que hay intereses políticos detrás de su divulgación.
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Leyva también responsabilizó a los principales colaboradores de Petro en el gobierno, Armando Benedetti y Laura Sarabia, sugiriendo que su influencia ha sido perjudicial. En el ámbito político, la carta de Leyva fue rápidamente aprovechada por sectores opositores: el representante Christian Garcés (Centro Democrático) propuso la conformación de un tribunal médico para evaluar clínicamente al presidente, mientras que la senadora María Fernanda Cabal solicitó exámenes toxicológicos correspondientes.
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Petro, por su parte, reiteró que las acusaciones son de naturaleza política y expresó que la publicación de la carta busca dañar su imagen. El debate generado a raíz de estas declaraciones ha reavivado discusiones en Colombia en torno a la salud mental y la vida privada de líderes políticos, asunto que ya había sido tema de debate cuando Petro ejercía como alcalde de Bogotá.
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El caso continúa generando pronunciamientos entre partidos, funcionarios y actores de la sociedad civil, intensificando la discusión pública sobre el estado de salud del jefe de Estado y sus implicaciones para el ejercicio presidencial.