La sentencia dictada el 28 de julio de 2025 contra Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, representa un hecho inédito en la historia política y judicial colombiana. El exmandatario fue hallado culpable de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, delitos por los que enfrenta una posible pena de hasta 12 años de prisión.
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El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe acusó públicamente al senador Iván Cepeda de intentar vincularlo falsamente con grupos paramilitares. No obstante, en 2018, la Corte Suprema de Justicia reorientó la investigación tras encontrar indicios de que Uribe había buscado manipular testimonios a su favor y cambiar declaraciones en los procesos que lo implicaban.
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Durante el juicio, fueron presentados más de 90 testimonios, entre ellos el de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que declaró haber sido contactado por el expresidente para modificar su versión sobre los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo. La defensa sostuvo que las pruebas eran insuficientes y calificó el proceso como un acto de "lawfare". Sin embargo, la jueza Heredia desestimó estos argumentos y validó las pruebas de la Fiscalía, que desde marzo de 2024 estuvo encabezada por Luz Adriana Camargo.
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El proceso judicial contra Uribe comenzó formalmente en febrero de 2024, tras numerosos intentos de la defensa para archivar el expediente a lo largo de 13 años. Durante ese tiempo, el caso generó amplio debate, movilizaciones de seguidores y protestas de opositores en las afueras del tribunal. El Centro Democrático, partido fundado y liderado por Uribe, se ha visto particularmente afectado por la decisión judicial.
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La condena no solo implica consecuencias legales para Uribe, sino que también repercute en el panorama político nacional, en particular con miras a las elecciones presidenciales de 2026. La defensa de Uribe anunció que apelará la decisión, lo que podría retrasar la ejecución de una eventual sentencia definitiva.