El juicio penal contra Álvaro Uribe, quien presidió Colombia entre 2002 y 2010 y es el primer expresidente colombiano en sentarse en el banquillo en un proceso de este tipo, llegó a su etapa final este lunes 28 de julio de 2025. La jueza Sandra Heredia, tras casi ocho horas de audiencia, sostuvo que tanto los delitos de soborno de testigos como el fraude procesal han quedado probados.

La Fiscalía acusó a Uribe, de 73 años, por buscar que testigos cambiaran sus declaraciones en procesos sobre presuntos vínculos con el paramilitarismo. El origen de la causa se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda señaló a Uribe y a su familia como responsables de la creación del grupo paramilitar Bloque Metro en Antioquia. Este señalamiento derivó en intentos de la defensa uribista por desacreditar a Cepeda, lo que culminó en la apertura del proceso por manipulación de testigos.

Uno de los puntos centrales del juicio fue la actuación sobre el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien denunció haber recibido ofertas de beneficios a cambio de cambiar su testimonio contra Uribe. La jueza consideró que las pruebas presentadas, especialmente las grabaciones hechas en prisión con un “reloj espía” y las interceptaciones telefónicas de la Corte Suprema en 2018, son confiables y válidas legalmente. Destacó la coherencia de Monsalve, su falta de contradicciones y la ausencia de evidencia de animadversión contra el acusado.

Heredia descartó el argumento de la defensa de que Monsalve declaró por incentivos recibidos del senador Cepeda, al afirmar que “no se logra acreditar que Monsalve tuviera beneficios diferenciados a los demás presos”. También señaló que “resulta disparatado” pensar que emisarios de Uribe actuaron sin su conocimiento en las gestiones para que Monsalve cambiara su versión.

La jueza extendió el análisis a otros episodios clave, como el testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien alegó haber recibido una oferta de 200 millones de pesos por una declaración favorable a Uribe; solo se entregó una parte, 5,8 millones de pesos, pero Vélez gestionó otros testimonios que después se consideraron inconsistentes. Además, el caso del “Tuso” Sierra, paramilitar que inicialmente señaló a Cepeda y luego se retractó, fue clave para acreditar el fraude procesal por la entrega de cartas falsas a la Corte Suprema.

En la audiencia, Heredia rechazó los planteamientos de la defensa sobre invalidez probatoria tras el cambio de fuero de Uribe en 2020, subrayando que la renuncia al escaño como senador no afecta las pruebas recabadas por la Corte Suprema. También desestimó los alegatos sobre confidencialidad abogado-cliente y presunta mala fe de la justicia en las interceptaciones, remarcando que estas fueron accidentales y correctamente gestionadas por la Corte.

La decisión, aún no formalizada en sentencia, ya ha generado reacciones. Desde el petrismo, la senadora María José Pizarro catalogó como un “primer paso” esta inminente condena y llamó a continuar las investigaciones sobre las denuncias originales relacionadas con el Bloque Metro y violaciones a derechos humanos. Por parte del uribismo, figuras como María Fernanda Cabal calificaron la sentencia como un “fallo de la infamia” y alegaron motivaciones políticas, mientras que en Estados Unidos, la congresista María Elvira Salazar expresó que “se consumó una infamia contra Álvaro Uribe”.

Simultáneamente, decenas de personas se movilizaron en las calles de Bogotá tanto celebrando como rechazando el resultado, y se registró un incidente de agresión fuera del complejo judicial de Paloquemao, donde se lee la sentencia. El gremio de jueces y la Defensoría del Pueblo han solicitado protección para la jueza y respeto irrestricto a la independencia judicial.

En el contexto político, esta decisión se produce cuando faltan menos de diez meses para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que intensifica el impacto de la sentencia en el panorama nacional.

El fallo final, anunciado puntualmente a las 8:30 de la mañana, cierra un proceso de 475 días de audiencias públicas, en el que la jueza concluyó que las evidencias e indicios presentados acreditan de manera suficiente la comisión de los delitos atribuidos a Álvaro Uribe Vélez.