En un fallo de primera instancia, la jueza Sandra Heredia sentenció a Álvaro Uribe Vélez a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta decisión, anunciada el lunes y formalizada hoy, tiene aplicación inmediata, por lo que el exmandatario colombiano deberá cumplir la condena en su domicilio de manera efectiva tras el pronunciamiento judicial.
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La resolución es el resultado de un proceso judicial que se extendió durante más de un año, caracterizado por largas audiencias públicas intensamente seguidas en Colombia. Uribe Vélez, quien gobernó el país entre 2002 y 2010 y tuvo influencia en las elecciones presidenciales de 2010 y 2018, fue declarado culpable de fraude procesal en dos episodios y de soborno en actuación penal en tres oportunidades. Los hechos juzgados ocurrieron en 2017 y 2018, cuando emisarios vinculados al exmandatario ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares, con el objetivo de que testificaran a su favor ante los tribunales.
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De acuerdo con el fallo, fueron fundamentales las pruebas aportadas por la Fiscalía y validadas por Heredia. La jueza reconoció como legítimo el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar condenado que grabó conversaciones en las que el abogado Diego Cadena, representante legal de Uribe, le ofrecía beneficios a cambio de testimonios favorables al expresidente. También se aceptaron como válidas grabaciones realizadas por la pareja de Monsalve, Dayanira Gómez, así como interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de conversaciones entre Uribe y Cadena, pieza clave en la graduación de la responsabilidad del expresidente. La jueza estableció que Cadena actuaba bajo subordinación e instrucciones de Uribe Vélez.
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El proceso judicial, que inicialmente se ventiló ante la Corte Suprema de Justicia, tuvo origen en una denuncia interpuesta por el propio Uribe contra el congresista Iván Cepeda, quien lo había implicado en vínculos con grupos paramilitares y señalado de manipulación de testigos. En 2018, la Corte archivó la investigación contra Cepeda y en cambio abrió proceso formal contra Uribe, considerándolo responsable de las conductas investigadas. Posteriormente, tras la renuncia de Uribe a su fuero como senador, el caso pasó a la justicia ordinaria bajo la órbita de la Fiscalía dirigida entonces por Francisco Barbosa, quien solicitó el archivo en dos ocasiones; sin embargo, los jueces determinaron que debía ir a juicio.
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Durante el proceso, la Fiscalía experimentó un relevo con la llegada de Luz Adriana Camargo como nueva titular, ternada por el presidente Gustavo Petro. Camargo designó un nuevo fiscal encargado y el expediente quedó finalmente a cargo de la jueza Heredia, quien desestimó los alegatos de la defensa sobre el desconocimiento de Uribe de las acciones de su abogado.
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La condena, actualmente en primera instancia, será apelada por la defensa de Uribe Vélez ante el Tribunal Superior de Bogotá, instancia que deberá resolver antes de mediados de octubre de este año para evitar la prescripción de los delitos. En caso de ratificación, la defensa tiene la opción de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que originalmente conoció del expediente.
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Álvaro Uribe, a través de sus redes sociales, señaló que se concentra en preparar la argumentación de su defensa para sustentar la apelación, apoyado por oraciones y seguidores. La sentencia de Heredia cierra una etapa procesal y ahora corresponde al Tribunal Superior de Bogotá revisar el fallo antes de su eventual paso a una nueva instancia.