La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos enfrenta la posibilidad de una reestructuración significativa que incluiría la disolución de su Oficina de Investigación y Desarrollo, actualmente integrada por 1,540 empleados, y el despido de hasta 1,155 científicos, representando un 75% de su personal. Este drástico ajuste forma parte de un plan propuesto por el administrador de la agencia, Lee Zeldin, quien busca reducir el presupuesto de la EPA en un 65%.

Según documentos revisados por el comité de ciencia, espacio y tecnología de la Cámara de Representantes, la medida afectaría a químicos, biólogos, toxicólogos y otros especialistas responsables de proporcionar la base científica que permite a la EPA regular contaminantes ambientales. El impacto sería notable en áreas críticas como el monitoreo de la calidad del aire y el agua, la eliminación de plomo y la respuesta a desastres naturales.

La Oficina de Investigación y Desarrollo, reconocida como el principal brazo científico de la EPA, opera en 10 instalaciones ubicadas en estados como Florida, Carolina del Norte y Oregón. La propuesta busca disolver esta estructura y reasignar a los empleados restantes a otros departamentos dentro de la agencia, con el objetivo de centralizar la supervisión alineada a las prioridades de la administración. Este plan ya ha sido llevado a la Casa Blanca para su revisión.

Molly Vaseliou, portavoz de la EPA, ha dicho que los cambios representan “pasos emocionantes” hacia mejoras en la organización, aunque dejó claro que los ajustes aún no son definitivos. Sin embargo, la propuesta ha sido categóricamente rechazada por varios sectores. La congresista Zoe Lofgren, demócrata por California, subrayó que la existencia de la oficina fue establecida por mandato del Congreso, por lo que su eliminación sería considerada ilegal. “No se puede proteger la salud humana y el medio ambiente si se destruyen las bases científicas de la EPA”, agregó.

Por su parte, Ticora Jones, oficial de ciencia del Consejo de Defensa de Recursos Naturales, ha acusado a la agencia de favorecer a los contaminadores por encima de la protección ambiental y de las comunidades afectadas.

A medida que el plan avanza, surgen dudas sobre cómo esta posible disipación de la estructura científica de la EPA podría repercutir en su capacidad para cumplir con su misión fundamental de regular y mitigar los efectos de diversas formas de contaminación.