La Adres, entidad encargada de administrar los recursos destinados al sistema general de seguridad social en salud en Colombia, ha destapado lo que podría ser uno de los escándalos más relevantes en la gestión de servicios médicos en el país. Tras una serie de auditorías realizadas desde el año 2023, la Adres detectó que 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) habrían incurrido en prácticas fraudulentas, cobrando facturas por un monto total de 79.511 millones de pesos por servicios médicos a víctimas de accidentes de tránsito, pese a no contar con la infraestructura adecuada para brindar atención correspondiente en las sedes reportadas.

En paralelo a estos hallazgos, el 12 de septiembre de 2024, la Adres tomó la medida preventiva de suspender los pagos a un total de 52 IPS. Estas instituciones habían presentado cuentas por un valor superior a 70.000 millones de pesos. De las 52 IPS afectadas por dicha suspensión, 26 no presentaron recurso de reposición, lo que consolidó el cese de pagos. Por otro lado, 10 que apelaron la decisión recibieron una resolución desfavorable y tres IPS adicionales están actualmente en proceso de notificación.

Una particularidad de este caso es que gran parte de las instituciones investigadas se encuentra concentrada en la región Caribe de Colombia, específicamente en 28 municipios del departamento del Atlántico, cinco en Córdoba y uno más en Magdalena. Según Félix León Martínez, director de la Adres, estas IPS podrían haber emitido facturas relacionadas con la atención a víctimas de accidentes de tránsito en vehículos sin SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), lo cual agravaría aún más la situación. El SOAT es un seguro obligatorio en Colombia que garantiza la atención médica inmediata de las víctimas de accidentes de tránsito. Sin embargo, en este caso, las IPS habrían facturado servicios incluso para vehículos que no poseían este seguro.

Entre las irregularidades identificadas, se menciona una presunta falsedad documental relacionada con los recursos públicos involucrados y la falta de capacidad para brindar la atención médica ofrecida. Adicionalmente, el director Martínez señaló que las acciones de estas IPS no solo afectaron la asignación de los recursos del sistema de seguridad social en salud, sino que además han generado una afectación directa al acceso a tratamientos médicos para quienes legítimamente los necesitan.

El escenario descrito muestra lo que podría ser un esquema de fraude sistemático en el sector salud, reiterando la necesidad de implementar controles más estrictos para evitar que los recursos destinados a la salud pública se vean afectados por prácticas ilícitas. Mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación, la Adres continúa reforzando sus auditorías para detectar irregularidades similares en otros casos.