Un reciente artículo de DW, fechado el 19 de junio de 2024, revela que Brasil encabeza la lista de importadores de agrotóxicos prohibidos en la Unión Europea. En 2018, Brasil se situó como principal destino de estas sustancias peligrosas, seguido de Ucrania y Marruecos. Un estudio detallado indica que el 36% del total de pesticidas importados por Brasil desde la UE son productos vetados en el bloque europeo, mientras que en Perú y México este porcentaje supera el 50%.
‍

Durante el mismo año, la UE exportó 81,615 toneladas de 41 pesticidas prohibidos. Italia fue el mayor exportador de estos productos químicos, seguida de Alemania. En el contexto brasileño, una investigación ha encontrado hasta 40 sustancias peligrosas en los alimentos consumidos localmente, de las cuales 11 están prohibidas en Europa.
‍

El herbicida atrazina, que está prohibido en la UE desde 2004, fue importado por Brasil en 2019, con un volumen que alcanzó las 200 toneladas. Otro herbicida importado, el paraquat, ha sido vinculado a enfermedades severas como el Parkinson y la fibrosis pulmonar. La "contaminación múltiple" detectada en alimentos y agua plantea una grave amenaza para la salud humana y la fauna, afectando especialmente a las abejas.
‍

El gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, que inició en enero de 2019, se caracterizó por una flexibilización en la autorización de sustancias químicas dañinas para la salud. Aunque hubo movilizaciones contra los pesticidas, la presión se ha reducido significativamente en los últimos años. En Europa, se contempla prohibir nuevamente la exportación de estos productos tóxicos a otros países, a pesar de la complejidad del asunto.
‍

La comunidad científica y los activistas ambientales han expresado serias inquietudes sobre las prácticas de exportación de la UE. El término “colonialismo químico” ha cobrado relevancia, describiendo el perjudicial intercambio en el que países en desarrollo se ven afectados por productos prohibidos en los países exportadores.
‍

Estos factores subrayan la urgente necesidad de políticas más estrictas y coherentes a nivel internacional para evitar la persistente circulación de estos peligrosos productos químicos. La situación en Brasil es un llamado a la acción para proteger la salud pública y el medio ambiente de los riesgos asociados a los agrotóxicos prohibidos.