La Franja de Gaza, donde residen aproximadamente 2.3 millones de personas, vive un momento crítico tras 10 semanas de bloqueo impuesto por Israel. El acceso a alimentos, medicinas, refugio y combustible se ha visto completamente interrumpido, y se reporta una “deterioración mayor” en la seguridad alimentaria en comparación con la última evaluación oficial realizada en octubre de 2024.

Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), 477,000 personas —el 22% de la población local— sufren actualmente “hambre catastrófica” (nivel cinco), el estadio más grave del índice. Además, casi un millón de habitantes enfrentan hambre emergente, con “grandes brechas” en el acceso a alimentos y prevalencia de desnutrición aguda. Desde inicios de 2025, más de 11,000 niños han requerido tratamiento contra la desnutrición.

La mayoría de los residentes depende casi completamente de la ayuda internacional para subsistir, dado que la capacidad productiva agrícola y ganadera ha quedado devastada por los ataques militares y la destrucción de infraestructura. El encarecimiento de los productos básicos agrava el escenario: actualmente, el costo de un kilogramo de papas o tomates supera los $10. Las cocinas comunitarias, que anteriormente repartían cerca de un millón de comidas diarias, han suspendido o limitado operaciones por falta de insumos.

El hospital Nasser, en la ciudad de Khan Younis, atiende entre cinco y diez nuevos casos diarios de desnutrición infantil, evidenciando el impacto profundo en la salud de los menores. El acceso a agua potable se ha reducido drásticamente y más del 75% de las tierras agrícolas han sido arrasadas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades y carencias nutricionales.

Frente a esta crisis, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han emitido reiteradas alertas sobre la posibilidad de una hambruna de gran escala. Han solicitado el levantamiento inmediato del bloqueo para evitar un colapso humanitario total. Por su parte, el gobierno israelí argumenta que el cierre se mantiene como presión sobre Hamas para la liberación de 59 rehenes retenidos desde octubre de 2023.

El IPC ha concluido que, si la situación persiste, la mayor parte de la población de Gaza quedará sin acceso a recursos esenciales de alimentación y agua, lo cual podría derivar en un aumento considerable de los índices de malnutrición y mortalidad. La coyuntura actual es considerada la más grave reportada desde el inicio del conflicto en la región.