El presidente argentino, Javier Milei, firmó el 16 de diciembre de 2024 un polémico decreto que reduce la edad mínima para el uso de armas de fuego de 21 a 18 años. Esta decisión, tomada sin debate ni participación del Congreso, ha despertado una ola de controversia y preocupaciones en el país.
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Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, justificó la medida al señalar que la mayoría de edad en Argentina se establece a los 18 años desde 2009. No obstante, las implicaciones del decreto son profundas, especialmente en un país con aproximadamente 46 millones de habitantes, donde más de un millón son usuarios de armas registradas y se cuentan 1,7 millones de armas autorizadas. Se estima que las armas no registradas duplican esta cifra.
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El nuevo decreto es parte de un conjunto más amplio de políticas del gobierno que buscan desregular el acceso a las armas. En paralelo, se está impulsando una ley para “promover y facilitar” la tenencia de armas. Esta propuesta legislativa incluye la regularización de armas no registradas y la prórroga de un plan de entrega voluntaria de armas para su destrucción, activo desde 2007 pero suspendido en diciembre de 2023.

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La ley, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y espera su tratamiento en el Senado, podría significar una amnistía para quienes busquen regularizar armas no registradas. La decisión de Milei ha suscitado preocupación entre diversos sectores, quienes temen que la medida pueda aumentar los riesgos de violencia, especialmente entre los jóvenes, que son más vulnerables a situaciones de riesgo como suicidios y accidentes relacionados con armas.

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El gobierno de Milei, alineado con tendencias de la ultraderecha global, ha promovido una postura favorable hacia la portación de armas, en sintonía con políticas implementadas en países como Estados Unidos y Brasil. Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina, ha expresado su respaldo a la tenencia de armas, afirmando que es un derecho del “ciudadano de bien” defenderse ante delitos.
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El decreto firmado por Milei no solo reduce la edad mínima para el uso de armas, sino que también forma parte de un esfuerzo más amplio por desregular el acceso a las armas en Argentina, un movimiento que algunos analistas temen podría aumentar la violencia en el país.