La administración de Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, ha sido objeto de críticas tras revelarse un contrato de arrendamiento de 19 camionetas eléctricas de lujo, cuyo costo supera los 21 mil millones de pesos. El acuerdo fue adjudicado a la Unión Temporal MED-ATT y gestionado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

El contrato en cuestión incluyó el arrendamiento de las camionetas a un costo estimado de aproximadamente 180 millones de pesos por unidad, elevando el monto total a más de 21 mil millones de pesos. Un análisis financiero indica que, con el mismo presupuesto, la Alcaldía de Medellín podría haber adquirido hasta 116 vehículos similares, lo que ha generado una ola de cuestionamientos sobre la eficiencia en la gestión de recursos públicos.

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Las críticas no se han hecho esperar. Ciudadanos y expertos en administración pública han expresado su preocupación no solo por el elevado costo del arrendamiento comparado con la compra directa, sino también por la transparencia del proceso de adjudicación. La idoneidad financiera de la empresa proveedora, COOMULTRANSCON, ha sido puesta en duda, ya que no cumplía con el índice de liquidez requerido en los estudios previos, lo que aumenta las sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso.

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Este escándalo se produce en un contexto donde los ciudadanos de Medellín enfrentan altos impuestos y tienen preocupaciones relacionadas con el avalúo catastral, situación que ha amplificado las sospechas de un posible detrimento patrimonial. La falta de respuestas claras por parte de la administración de Gutiérrez ha intensificado el debate acerca de la coherencia entre su discurso de prudencia fiscal y sus acciones en la gestión pública.

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La situación ha provocado un amplio debate en la opinión pública, y los ciudadanos exigen explicaciones detalladas y acciones correctivas inmediatas. La administración de Gutiérrez aún no ha ofrecido una respuesta concluyente que aclare estos cuestionamientos, lo que mantiene la polémica y las dudas sobre la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.