En un confuso intento de tomar el control del gobierno, un grupo de militares dirigidos por el General Juan José Zúñiga Macías y el Contralmirante Juan Arnez Salvador, exjefes del ejército y la armada, lograron ocupar durante tres horas la sede del gobierno en La Paz. El presidente Luis Arce condenó enérgicamente el levantamiento militar, instando a la población a movilizarse para defender la democracia.
‍

El intento de golpe, que dejó un saldo de 12 personas heridas, fue rápidamente sofocado. Inmediatamente después, Arce nombró nuevos comandantes militares para restablecer el orden; entre ellos, el General José Wilson Sánchez, quien ordenó a las tropas regresar a sus cuarteles. El General Zúñiga, quien había sido destituido como jefe del ejército, acusó a Arce de orquestar un autogolpe para aumentar su popularidad.
‍

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, formalizó las acusaciones contra Zúñiga y Arnez por conspiración para derrocar el gobierno legítimamente constituido. Este intento de golpe fue condenado no solo por diversas facciones políticas dentro de Bolivia, sino también por varios gobiernos latinoamericanos, tanto de izquierda como conservadores, que exigieron la defensa de la democracia en el país sudamericano.
‍

‍

Este evento se produce en medio de una situación económica compleja y un intenso conflicto político entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales. Las tensiones sociales y las protestas en las calles han marcado el entorno político, exacerbando las fracturas en la cohesión nacional.
‍

El gobierno de Arce enfrenta numerosos desafíos, incluyendo la recuperación económica en un contexto de crisis y la necesidad de estabilizar la situación social y política. La comunidad internacional y distintos actores políticos bolivianos han expresado su rechazo a cualquier forma de interrupción del orden democrático y han llamado al diálogo y a la resolución pacífica de los conflictos.
‍

Las acusaciones de Zúñiga, que apuntan a una posible maniobra política de Arce, han suscitado un debate intenso dentro del país, aunque predominan las voces que exigen respeto a las instituciones y condenan cualquier intento de alterar el orden constitucional.
‍

Este incidente ha puesto en primer plano las fragilidades políticas de Bolivia y la vitalidad de las instituciones democráticas en la región, subrayando la importancia de un liderazgo comprometido con el respeto a los valores democráticos. Plaza Murillo, en La Paz, ha sido históricamente el epicentro de importantes eventos políticos en Bolivia, incluyendo otros intentos de golpe de estado en el pasado.