El 19 de marzo de 2025, el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, fue detenido por la policía turca en una serie de redadas que involucraron a cerca de 100 personas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios municipales. İmamoğlu, miembro destacado del Partido Republicano del Pueblo (CHP), enfrenta graves acusaciones, incluyendo corrupción, extorsión, soborno, lavado de dinero y apoyo a grupos terroristas como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

La detención ocurre en un momento políticamente cargado para Turquía, apenas unos días antes de que el CHP anunciara la nominación presidencial de İmamoğlu. El arresto, que fue formalizado por un tribunal de Estambul el 23 de marzo de 2025, colocó al alcalde en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.

En respuesta al arresto, Turquía ha vivido una oleada de movilizaciones que se ha considerado la mayor de la última década. Miles de ciudadanos han salido a las calles para expresar su descontento, lo que generó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según lo informado, la policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Durante una de las noches más intensas de protestas, se reportó la detención de 343 manifestantes. Paralelamente, el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, anunció que otras 323 personas fueron arrestadas en relación con una operación que apuntaba a empleados del municipio de Estambul.

Las imputaciones contra el alcalde incluyen liderar una organización criminal y apoyar actividades armadas al colaborar con una coalición política de izquierda durante las elecciones locales de 2024. Estas acusaciones han sido interpretadas por críticos como una estrategia del presidente Recep Tayyip Erdoğan para suprimir a un adversario político clave ante la posibilidad de elecciones anticipadas antes de los comicios presidenciales de 2028.

A pesar del arresto, el CHP ha reiterado su respaldo a İmamoğlu y, el 22 de marzo de 2025, inició un proceso de votaciones primarias a nivel nacional para consolidarlo como su candidato presidencial. Se instalaron simbólicas "urnas de solidaridad" para permitir que tanto miembros del partido como ciudadanos comunes mostraran su apoyo. Sin embargo, en el contexto de estas acciones, el acceso a internet y redes sociales fue restringido en varias ocasiones.

La comunidad internacional no ha permanecido indiferente a los acontecimientos. El 23 de marzo, el Consejo de Europa emitió un pronunciamiento contundente, condenando el encarcelamiento de İmamoğlu y exigiendo su liberación inmediata. Diferentes voces han señalado que estos actos reflejan un deterioro en la democracia turca y una censura hacia la oposición política.

Las consecuencias de estos eventos tienen el potencial de intensificar la polarización política en Turquía, un país que ya enfrenta tensiones internas significativas. El destino político de İmamoğlu se encuentra en el centro de una lucha entre las facciones opuestas del poder turco, con implicaciones que van más allá del panorama local.

Este es uno de los eventos políticos más significativos en Turquía desde las protestas del parque Gezi en 2013, marcando la segunda vez que Ekrem İmamoğlu enfrenta dificultades legales desde que asumió la alcaldía de Estambul en 2019.