En 2024, el precio del oro experimentó un aumento del 27%, llegando a su máximo histórico de $2,790.10 por onza en octubre. Esta tendencia ha continuado desde finales de 2018, cuando el precio del oro se comenzó a duplicar, impulsando un alarmante incremento en la minería ilegal, especialmente en la vasta región amazónica de Brasil.
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La subida de precios ha atraído a grupos narcotraficantes, que ahora encuentran en la minería una fuente lucrativa de ingresos y un medio efectivo para blanquear dinero. Se estima que alrededor del 20% de la producción mundial de oro proviene de la minería informal, mayormente ilegal y no regulada, exacerbando la crisis.
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La minería ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de la destrucción de la Amazonía. Esta actividad es la mayor fuente global de contaminación por mercurio, un tóxico que se utiliza en la extracción de oro y que supera incluso a las plantas de energía a carbón como principal contaminante. Según datos oficiales, entre 2015 y 2020, casi la mitad del oro producido en Brasil, representando 229 toneladas y valoradas en más de $20 mil millones, fueron de origen ilegal o sospechoso.
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Distintas investigaciones han revelado que esta forma de minería está dominada por organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC), que han comenzado a operar en territorios indígenas. Un trágico ejemplo fue el ataque en 2021 al asentamiento indígena de Palimiu, llevado a cabo por garimpeiros asociados con el PCC, reflejando cómo la violencia ha aumentado junto con la presencia de narcotraficantes en las zonas mineras.
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El panorama se torna más complejo debido a cambios políticos en el país. Bajo la administración de Jair Bolsonaro, la financiación para combatir delitos ambientales fue reducida, facilitando la expansión de actividades criminales en la Amazonía. No obstante, desde que Luiz Inácio Lula da Silva asumió la presidencia en 2023, se han implementado redadas militarizadas contra la minería ilegal. Aunque estas acciones han conseguido algunos éxitos, también han forzado a los mineros a internarse más en el mercado negro.

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En cuanto a cifras específicas, las zonas de Itaituba y dos municipios vecinos han sido señaladas por producir o blanquear el 86% del oro ilegal de Brasil entre 2019 y 2020. Además, en 2024, las autoridades lograron vender oro ilegalmente extraído en una subasta por 16.6 millones de reales, equivalentes a aproximadamente $2.8 millones.
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La violencia relacionada con esta actividad sigue en aumento. Un incidente revelador implicó a un hombre llamado Rodrigues, emboscado por un grupo criminal mientras transportaba oro, subrayando cómo el oro se ha convertido en una moneda no rastreable para operaciones ilícitas y lavado de dinero del narcotráfico.
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A su vez, la situación de los 30,000 a 40,000 garimpeiros que operan en la región es precaria. Sin alternativas económicas viables, muchos se ven forzados a desplazarse más profundamente en la selva, cayendo en manos de organizaciones criminales, lo que intensifica la violencia y la criminalidad.