Ross Garnaut y Rod Sims, economistas de renombre, han propuesto un impuesto sobre la producción de combustibles fósiles en Australia, argumentando que podría generar ingresos significativos para financiar la transición del país hacia una economía energética libre de carbono. Este impuesto, denominado "gravamen solución al carbono", se estima que recaudaría $100 mil millones solo en su primer año si se introduce en 2030-31 y se establece al precio promedio de Europa de $90 por tonelada de dióxido de carbono equivalente. La propuesta sugiere que estos fondos podrían utilizarse para subvencionar hasta la mitad del costo de nuevas plantas de producción de hierro, aluminio o combustibles sin carbono, aprovechando los abundantes recursos de energía renovable de Australia para revitalizar una economía cada vez más estancada.
Garnaut, en un discurso en el National Press Club, destacará que la transición global hacia emisiones netas cero representa una oportunidad única para Australia, permitiendo mejorar la productividad y los estándares de vida tras una década de estancamiento. Este cambio de política, inspirado en la revisión del gobierno de Albanese de los recortes de impuestos de la etapa tres, sugiere que la política puede adaptarse a nuevas realidades, incluida la reintroducción de un precio al carbono eliminado hace una década por el gobierno de Abbott.

Rod Sims, presidente del Superpower Institute, enfatizará la importancia de persistir en la promoción de estas ideas, a pesar de la posibilidad de rechazo inicial. Argumenta que la economía básica exige que se ponga precio al daño que el carbono fósil impone a todos, señalando que no hacerlo hace prácticamente imposible que los productos verdes compitan con los productos fósiles, actualmente más baratos.
Ambos economistas expresan optimismo en que el apoyo bipartidista a una buena política de energía y clima en todos los estados pueda proporcionar una base para un cambio nacional, a pesar de los desafíos políticos en el parlamento común. Garnaut desestima la idea de que imponer un gravamen a las finanzas de la industria fósil cree un "riesgo soberano" para las inversiones, argumentando que los cambios políticos y las expectativas de restricciones a las emisiones de dióxido de carbono han sido una realidad durante décadas.