La propuesta hecha por Nayib Bukele involucra a 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador en marzo de 2025, todos ellos bajo acusaciones de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Los detenidos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno salvadoreño.
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Bukele solicitó a Nicolás Maduro que, a cambio de la liberación de estos venezolanos, el gobierno venezolano deje en libertad a 252 presos políticos, entre ellos Rafael Tudares, yerno del candidato opositor Edmundo González y acusado por las autoridades venezolanas de narcotráfico; Roland Carreño, periodista y dirigente del partido Voluntad Popular; y Rocío San Miguel, abogada procesada por cargos relacionados con un supuesto intento de magnicidio contra Maduro. En el contexto de este acuerdo, El Salvador recibe seis millones de dólares en compensación por aceptar a los deportados desde Estados Unidos.
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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó la propuesta de Bukele como "cínica" y exigió la liberación inmediata de los venezolanos arrestados, cuestionando la legalidad de su detención y asegurando que una parte importante de ellos no ha sido formalmente acusada ni ha recibido acceso a un juicio. Saab denunció además que el Cecot constituye un “lugar de desaparición forzada” y acusó a Bukele de tráfico de seres humanos.
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Según organizaciones no gubernamentales, en Venezuela hay más de 800 personas detenidas por motivos políticos. En contraste, el gobierno venezolano sostiene que en el país no existen presos políticos y atribuye su detención a causas delictivas.
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La deportación de los 252 venezolanos bajo sospechas de actividades criminales ha generado críticas internacionales, señalando el riesgo de que El Salvador se convierta “en una gran prisión internacional”. La medida responde a acuerdos entre El Salvador y Estados Unidos, siendo el país centroamericano receptor de al menos 200 venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump desde marzo de 2025.
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El intercambio propuesto pone de manifiesto las fricciones políticas entre El Salvador y Venezuela, así como las preocupaciones sobre derechos humanos en ambos países. El caso también evidencia la presión internacional respecto a la gestión de migrantes deportados y la situación de los presos políticos en Venezuela.