El Ministerio de Relaciones Exteriores de China sostuvo que la orden firmada por el presidente Donald Trump para agilizar los permisos de minería de fondos marinos en aguas internacionales “viola el derecho internacional y perjudica los intereses generales de la comunidad internacional”. Esta postura fue comunicada por el portavoz Guo Jiakun, y reproducida por la BBC, tras la publicación de la orden ejecutiva el pasado jueves.
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Estados Unidos es el único país destacado que no forma parte de la Convención sobre el Derecho del Mar, un tratado vigente desde 1994 y firmado por la mayoría de las naciones del mundo, el cual regula todas las actividades marítimas internacionales. La ausencia estadounidense en este acuerdo permitió al gobierno de Trump tomar la decisión unilateral de gestionar permisos para la minería fuera de su jurisdicción territorial.
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Esta orden permite que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), bajo competencia del Departamento de Comercio, otorgue permisos a empresas interesadas en extraer minerales como cobalto y níquel de los nódulos del lecho oceánico, insumos esenciales para tecnologías avanzadas. El viernes, la NOAA declaró que la administración de Trump había lanzado la “próxima fiebre del oro”, haciendo referencia a las expectativas económicas en torno a esta nueva industria.
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La decisión ha sido ampliamente rechazada por gobiernos y organizaciones ambientales de todo el mundo. Hasta el momento, decenas de países han solicitado una moratoria sobre la minería de los fondos marinos e insistido en que no se avance hasta que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos —la agencia establecida de acuerdo con el tratado marítimo internacional— establezca normas claras sobre cómo proceder con la extracción mineral en las profundidades oceánicas. Incluso China, país que ha mostrado interés en esta actividad, pidió moderación y respeto a los procedimientos multilaterales.
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En paralelo, la presión ha crecido desde sectores científicos y grupos ecologistas sobre los riesgos ambientales asociados a la minería en aguas profundas. La práctica nunca se ha realizado a escala comercial y afecta ecosistemas oceánicos poco estudiados. Recientemente, la empresa canadiense Metals Company anunció que su filial estadounidense buscaría un permiso para minería profunda en aguas internacionales, lo que desató más críticas hacia la política estadounidense.
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Las investigaciones mineras en el fondo marino llevan más de una década; la zona de mayor riqueza identificada es la Zona Clarion-Clipperton, una extensa área entre México y Hawái, donde en 2021 se realizó una expedición de exploración por parte de una empresa del sector. Los permisos para operar en esta zona dependen de la NOAA, organismo que ha sufrido recortes presupuestarios y de personal desde el inicio del mandato de Trump.
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Entre los servicios de la NOAA se encuentran el pronóstico meteorológico, la vigilancia de huracanes y tsunamis, la respuesta a derrames de petróleo y el control sobre la pesca. Según Jeff Watters, de Ocean Conservancy, asignar a la agencia la responsabilidad de procesar permisos para minería profunda mientras enfrenta recortes afectará tanto la protección del océano como servicios fundamentales para la sociedad estadounidense.
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La Embajada de China en Washington no emitió comentarios adicionales tras la declaración de su Ministerio de Relaciones Exteriores. La controversia internacional se mantiene mientras los países buscan consensuar normativas globales que equilibren el potencial económico con la protección ambiental y el respeto al derecho internacional.