Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración de Trump han resultado en denuncias generalizadas de prácticas racistas y perfilamiento racial. Casos específicos, como la detención de una abuela, su hija y un niño menor de tres años en Milwaukee por hablar español, han generado indignación. Estas personas, que resultaron ser ciudadanas estadounidenses de Puerto Rico, fueron detenidas sin justificación y posteriormente liberadas al demostrar su ciudadanía.
Otro incidente involucra a un veterano de los Marines de ascendencia colombiana, quien fue detenido en Georgia y Florida. A pesar de no tener ninguna razón válida, fue esposado y tratado como un delincuente, destacando el trato injusto que reciben algunas personas por su apariencia o idioma.
En Newark, el alcalde Ras Baraka denunció una redada en una pescadería donde agentes de ICE interrogaron a los trabajadores y detuvieron a un veterano puertorriqueño, cuestionando la validez de su identificación militar. En total, durante la redada en esta ciudad, se detuvo a tres personas: dos indocumentadas y un ciudadano estadounidense.
La Nación Navajo también ha reportado incidentes de sus miembros con ICE. Al menos 15 ciudadanos navajos han sido detenidos, lo que ha llevado al presidente Buu Nygren a aconsejar a los ciudadanos llevar identificación estatal y certificados de sangre indígena para evitar malentendidos.
Desde que Trump asumió la presidencia, alrededor de 1,000 personas han sido detenidas diariamente en estas redadas. Aunque inicialmente se declaró que solo se detendría a "criminales violentos", Tom Homan, zar de la frontera, admitió que también se arrestarían migrantes indocumentados sin antecedentes penales. En un día específico, se informó que el 48% de los detenidos no tenía antecedentes criminales.
El nuevo proyecto de ley, Laken Riley Act, permitirá que personas no legales en el país y acusadas de delitos menores sean detenidas sin necesidad de una condena previa. ICE ha intensificado sus operaciones, colaborando con otras agencias federales y locales, y realizando arrestos incluso en ciudades que no cooperan con sus políticas.
Entre octubre de 2015 y marzo de 2020, ICE arrestó a 674 potenciales ciudadanos estadounidenses, de los cuales 121 fueron detenidos y 70 deportados. Durante ese periodo, al menos 895 potenciales ciudadanos recibieron órdenes de detención, con aproximadamente el 74% de estas órdenes canceladas posteriormente.
La administración de Trump ha comparado estos esfuerzos con la "Operación Wetback" de la década de 1950, una iniciativa que también resultó en la expulsión de ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana. Esta comparación ha reavivado críticas y temores sobre las implicaciones de las actuales políticas de inmigración.
Las redadas han afectado desproporcionadamente a ciudadanos estadounidenses, especialmente en comunidades latinas y nativas, exponiendo fallas críticas en la ejecución y los criterios de selección utilizados por ICE. Las detenciones injustificadas no solo generan desconfianza hacia las autoridades, sino que también ponen de manifiesto problemas sistémicos que requieren una revisión exhaustiva y reformas significativas.