El Concejo de Medellín ha dado luz verde a la venta de las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) posee en Tigo-UNE, sellando un acuerdo que muchos consideran una grave traición a los intereses de la ciudad. Después de un extenso y polarizado debate, el segundo y último debate se llevó a cabo hoy, resultando en 16 votos a favor y 5 en contra. Este resultado permite a la administración municipal iniciar el proceso de venta del 50% más una acción, valorada en 1.6 billones de pesos, una cifra que ha sido ampliamente criticada por ser insuficiente y perjudicial para los recursos públicos de Medellín.

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A pesar de las advertencias sobre las implicaciones negativas de esta enajenación, el gerente de EPM, Jhon Maya Salazar, ha defendido la medida, alegando que los fondos obtenidos serán reinvertidos en otros proyectos esenciales para la ciudad. No obstante, la decisión ha generado una oleada de críticas, particularmente por la falta de transparencia y el manejo apresurado del proceso. Algunos concejales y miembros de la comunidad han señalado que vender una empresa estratégica como UNE-EPM no solo es un error económico, sino también un acto que debilita el control público sobre un sector clave.

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La aprobación de esta privatización ha desatado una tormenta política, con fuertes acusaciones de corrupción y conflictos de interés que apuntan a figuras clave de la administración de Federico Gutiérrez. Este proceso ha sido marcado por el cuestionamiento sobre si las operaciones de UNE-EPM realmente han generado pérdidas o si estas fueron infladas para justificar la venta. Además, los vínculos familiares y las relaciones de poder dentro de la administración han avivado las sospechas de que esta venta beneficiará a unos pocos a costa del bienestar de Medellín.

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Con la enajenación programada para comenzar en 2025, se espera que Millicom, actual socio de EPM en Tigo-UNE, sea el principal beneficiario de esta transacción. Este escenario plantea serias preocupaciones sobre el futuro de las telecomunicaciones en Medellín y el impacto que tendrá en la autonomía y los recursos de la ciudad. La decisión del Concejo, que ha sido criticada por la comunidad y sectores opositores, podría marcar el inicio de una etapa en la que el patrimonio público se vea cada vez más vulnerable ante los intereses privados.

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