El conflicto civil en Bolivia ha alcanzado un nuevo nivel de tensión con la toma de cuarteles militares por parte de campesinos cocaleros en la provincia del Chapare. Desde el 1 de noviembre, estos grupos, leales al exmandatario Evo Morales, han asediado varias instalaciones militares y tomado rehenes, lo que ha desembocado en una serie de eventos que han afectado significativamente al país.
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El incidente comenzó con la ocupación de la Unidad Militar Juan Maraza en Villa Tunari, donde campesinos retuvieron a soldados como rehenes y amenazaron con desarmarlos. Este acto llevó a un acuerdo temporal en el que los militares prometieron no usar sus armas contra la población, en un intento de desescalar la situación.
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El conflicto se originó tras un intento fallido de arresto de Morales el 27 de octubre, lo cual él calificó como un "intento de asesinato". Este incidente desencadenó una serie de bloqueos de carreteras a nivel nacional en protesta contra el gobierno de Luis Arce, paralizando el comercio y la actividad en gran parte del territorio boliviano.
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La reacción del gobierno no se hizo esperar. Luis Arce declaró su intención de retomar el control del Chapare, una región con una larga historia de conflicto debido a su producción de coca. La región ha visto una retirada de las fuerzas policiales y de funcionarios públicos en las últimas semanas, exacerbando la falta de control estatal.
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El 1 de noviembre, un contingente de 3.000 policías se enfrentó a manifestantes en un enfrentamiento que duró 13 horas, resultando en 65 detenciones. De estos detenidos, 55 fueron trasladados a La Paz acusados de “terrorismo y alzamiento armado”.
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Los campesinos cocaleros han dejado claro que sus demandas incluyen la habilitación de la candidatura de Morales para las elecciones de 2025 y el archivo de los procesos judiciales en su contra. Esta situación ha polarizado a la opinión pública, con una parte significativa de la población pidiendo la detención de Morales y la intervención militar para restaurar el orden.
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La crisis ha generado desabastecimiento y un descontento generalizado entre la población, que exige la liberación de los detenidos y el fin de los bloqueos. A pesar de las peticiones de Morales para que sus seguidores levanten los bloqueos, la respuesta ha sido negativa. Los líderes campesinos han afirmado su intención de continuar las movilizaciones en respuesta a lo que denominan represión gubernamental.
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Este conflicto no solo resalta la tensa relación entre el gobierno de Arce y los seguidores de Morales, sino también las persistentes tensiones políticas en Bolivia desde la salida de Morales del poder en 2019. La situación sigue siendo volátil y sin una resolución aparente en el horizonte.