El conflicto armado en Colombia ha dejado una profunda marca en el camino hacia la reparación de las víctimas, con casos emblemáticos que evidencian la corrupción y la impunidad en el proceso. Uno de estos casos es el del excongresista Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aún ocupa un apartamento de lujo en el exclusivo barrio de El Poblado, Medellín, a pesar de las órdenes judiciales de desalojo para destinar el inmueble a la reparación de las víctimas del paramilitarismo. Mario Uribe Escobar fue condenado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia en Colombia, un caso que revela las profundas conexiones entre política y paramilitarismo en el país.

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Este apartamento, con una extensión de 342 metros cuadrados, incluye cuatro alcobas, baño privado, biblioteca, salón, gimnasio y piscina, y está avaluado en más de 1.500 millones de pesos. Originalmente, fue entregado por el paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, como parte del proceso de Justicia y Paz del bloque Héroes de Granada, para el fondo de reparación de víctimas del conflicto armado .

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Según la investigación de Yohir Akerman, publicada en la Revista Cambio, el inmueble fue comprado por Mario Uribe en 700 millones de pesos a Juan Carlos 'el Tuso' Sierra Ramírez, quien testificó que parte del pago nunca fue realizado, ya que Uribe le pidió que se lo regalara a cambio de favores políticos. Esta transacción, además, tenía vínculos con dinero ilícito proveniente del narcotráfico, lo que agrava aún más la situación .

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A pesar de una orden judicial emitida el 28 de noviembre de 2019 por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, que dictaba el embargo del apartamento, y la posterior ejecución de secuestro del inmueble por parte del Fondo de Reparación a Víctimas el 17 de febrero de 2020, la familia de Uribe ha hecho caso omiso y no ha desocupado el inmueble. Además, otro inmueble relacionado con Uribe, ubicado en Andes, Antioquia, también fue objeto de embargo el 18 de enero de 2021 .

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Este episodio pone de relieve la corrupción que entorpece el proceso de reparación a las víctimas. Según Akerman, el sistema de justicia colombiano ha fallado en garantizar que los bienes confiscados a los paramilitares lleguen a su destino correcto. La reparación de las víctimas ha sido obstruida por la complicidad entre figuras políticas y el sistema judicial.

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En total, el valor de las indemnizaciones a las víctimas se estima en 3.5 billones de pesos, pero más de 500.000 millones de pesos permanecen bloqueados debido a ocupaciones no autorizadas o apropiaciones indebidas de bienes. Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, denunció que más de 400 propiedades entregadas por él desde 2006 aún no han sido incluidas en los listados oficiales de reparación, lo que complica aún más la situación .

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Akerman señala que el caso de Mario Uribe es emblemático de la corrupción sistémica que afecta directamente a las víctimas del conflicto armado. Diversas investigaciones sobre bienes entregados por paramilitares han sido archivadas, evidenciando un entramado de corrupción que involucra tanto a fiscales como a políticos.