El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio que lo vincula a presuntos casos de soborno y manipulación de testigos en un prolongado proceso judicial que ya ha cumplido siete años. Esta semana, el Tribunal Superior de Bogotá suspendió temporalmente las audiencias después de que la defensa del exmandatario presentara una recusación contra la jueza encargada del caso, Sandra Heredia, considerando que carece de imparcialidad. La Fiscalía tiene como límite el mes de octubre de 2025 para obtener una eventual condena, ya que los delitos atribuidos a Uribe prescribirían en esa fecha.
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La estrategia de Uribe en este proceso ha sido comparada con las tácticas empleadas por Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, a quien admira profundamente. Ambos líderes han señalado presuntas "persecuciones políticas" en su contra y han recurrido al término "lawfare" para describir lo que consideran como un uso indebido del sistema judicial por motivos políticos. Uribe no solo ha calificado el juicio como un acto de "cacería de brujas", sino que también ha cuestionado públicamente la imparcialidad de los magistrados que lo juzgan, una práctica que ya tuvo lugar en 2020 cuando atacó al magistrado César Reyes, responsable de dictar su detención domiciliaria.
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Más recientemente, el exmandatario criticó a la jueza Sandra Heredia aludiendo, mediante declaraciones públicas y mensajes en redes sociales, a una supuesta vinculación de la funcionaria con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sugiriendo que esto la convierte en parcial. Las acusaciones llevaron a que la defensa solicitara la recusación de Heredia, lo que podría derivar en su reemplazo si el Tribunal Superior de Bogotá decide aceptar la petición.
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El juicio ha movilizado masivas protestas de simpatizantes del expresidente, incluyendo la participación de importantes figuras políticas como senadores pertenecientes al partido Centro Democrático, una formación política fundada por el propio Uribe. Estos manifestantes han sostenido que el juicio tiene motivaciones políticas y representa una amenaza para los derechos de su líder.
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En un contexto similar de controversias legales, el caso de Uribe ha sido comparado con el reciente proceso judicial contra Donald Trump, quien fue condenado por 34 delitos relacionados con la falsificación de documentos en el contexto de pagos a la actriz Stormy Daniels. A pesar de las diferencias en los cargos, ambos procesos comparten el elemento de polarización política y el cuestionamiento al sistema judicial por parte de los acusados.
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Mientras tanto, el analista Hubert Ariza ha enfatizado que el caso de Uribe tiene implicaciones significativas para la democracia y la institucionalidad en Colombia. Si bien la defensa del exmandatario persiste en su narrativa de "lawfare", en contraste, otros expertos jurídicos han señalado que el proceso se ha desarrollado con apego a las leyes y reglamentaciones vigentes.
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El futuro del caso depende ahora de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en torno a la recusación interpuesta. Si esta es aceptada, Sandra Heredia será sustituida por un nuevo juez, lo que podría extender aún más la ya prolongada duración del proceso.