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Los recientes incendios en Los Ángeles, los cuales han causado daños económicos estimados entre US$ 52 mil millones y US$ 57 mil millones, han puesto en evidencia la crisis que atraviesa la industria de seguros en California. Los propietarios de viviendas afectadas enfrentan ahora la ardua tarea de reclamar sus pólizas de seguro, en un proceso que puede durar semanas o incluso meses.
Los ajustes de reclamaciones se han complicado aún más debido a la aparición de ajustadores freelance y programas informáticos que priorizan la reducción de costos sobre la asistencia al consumidor. Esta situación ha generado que algunos propietarios reciban pagos menores a los esperados, o enfrenten cláusulas inusuales en sus contratos de seguro.
El reto se maximiza en áreas de alto riesgo, como Pacific Palisades y Altadena, donde los principales aseguradores, incluyendo State Farm, AllState y Farmers, han empezado a rechazar la cobertura. Aquellos sin seguro o con pólizas insuficientes dependen cada vez más de un programa estatal de seguros de emergencia, aunque este programa impone un límite de US$ 3 millones por hogar, insuficiente para cubrir el valor de muchas propiedades.
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La volatilidad de los desastres naturales, exacerbada por el cambio climático, reportada en un informe del Senado de EE. UU., ha aumentado la frecuencia y severidad de estos eventos, llevando a las aseguradoras a incrementar las primas. Este incremento responde a los elevados costos de construcción y la exposición a catástrofes en California, un estado especialmente susceptible.
En 2023, las aseguradoras de Estados Unidos reportaron ganancias récord de US$ 87.6 mil millones en el negocio de propiedad y accidentes. Para 2024, se espera que superen este récord, con aproximadamente US$ 130 mil millones en ingresos netos reportados en los primeros tres trimestres, reflejando la alta rentabilidad del sector incluso en tiempos de catástrofes.
En respuesta a estos desafíos, el comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, ha propuesto nuevas regulaciones. Según esta propuesta, los aseguradores estarían obligados a emitir pólizas en áreas afectadas a un 85% o más de las tarifas aplicadas en otras partes del estado. A cambio, se permitiría a las aseguradoras cobrar por los costos de reaseguro y basar las primas en su propio modelado de catástrofes. Esta medida, aunque diseñada para proteger a los consumidores, probablemente resultará en aumentos significativos de las primas.
Defensores de los consumidores han recomendado a las víctimas de los incendios que documenten meticulosamente sus interacciones con ajustadores y abogados, advirtiendo que las compañías de seguros pueden intentar minimizar los pagos de reclamaciones.
La incertidumbre en el sector de seguros y los crecientes costos para los propietarios generan un escenario complicado, demandando una rápida y efectiva respuesta de las autoridades y la industria para garantizar la protección justa de los consumidores.
