La Diócesis Católica de Rockville Centre, , ubicada en Long Island, Nueva York, que atiende a aproximadamente 1.2 millones de católicos en los condados de Nassau y Suffolk, alcanzó un acuerdo de bancarrota que implica un pago de más de 323 millones de dólares a alrededor de 530 sobrevivientes de abuso sexual por parte de sacerdotes durante su infancia. Este anuncio se realizó el 26 de septiembre de 2024.
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El acuerdo se distribuye de la siguiente manera: la diócesis contribuirá con 234.8 millones de dólares, cuatro aseguradoras aportarán 85.3 millones de dólares y fondos adicionales se obtendrán de otra aseguradora en proceso de liquidación y de los abogados que representan a las víctimas.
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Este acuerdo es histórico, siendo el más grande jamás alcanzado en el estado de Nueva York para una diócesis, y también en la historia de quiebras católicas. La diócesis se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 en octubre de 2020 debido a los elevados costos de las demandas por abuso sexual infantil.
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El juez de bancarrota Martin Glenn, quien supervisa el caso, destacó la importancia de este acuerdo, mencionando que estuvo "a un pelo" de fracasar antes de finalmente representar un "progreso enorme".
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Previamente, la diócesis había rechazado una oferta de acuerdo de 200 millones de dólares, desencadenando una situación crítica que culminó en el presente acuerdo. Este pacto tiene implicaciones significativas, ya que podría servir como modelo para otras diócesis católicas que enfrentan reclamaciones similares.
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En contextos similares, la Diócesis de Nueva Orleans ha propuesto un acuerdo de 62.5 millones de dólares en su propia quiebra, aunque los reclamantes han solicitado 217 millones de dólares.
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La legislación de varios estados, incluido Nueva York, ahora permite a las víctimas presentar demandas por delitos de abuso sexual de hace décadas, lo que ha aumentado la presión sobre las diócesis para llegar a acuerdos compensatorios.
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Este avance es un paso significativo para abordar las reclamaciones de abuso y proporcionar compensación a las víctimas, mientras permite que la diócesis continúe con su misión religiosa y comunitaria.