El galeón San José, una reliquia del patrimonio subacuático mundial, se ha convertido en el centro de una intensa disputa internacional tras su descubrimiento en aguas colombianas. Construido en 1698 en Aginaga, Guipúzcoa, el San José zarpó de España en 1706 y encontró su destino final dos años después, llevando consigo un tesoro que hoy alcanza un valor estimado de 20.000 millones de dólares. Este hallazgo ha despertado un conflicto de intereses entre Colombia, una empresa estadounidense y España, cada uno con argumentos históricos y legales para reclamar la propiedad del tesoro.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha declarado la recuperación del tesoro como un asunto de "urgencia", buscando asegurar el patrimonio antes de finalizar su mandato en 2026. Esta iniciativa ha incluido la propuesta de una asociación público-privada, dirigida por el ministro de Cultura del país, Juan David Correa. Sin embargo, la empresa estadounidense Glocca Morra, que afirma haber localizado primero el galeón, reclama la mitad del valor del tesoro, basándose en un acuerdo previo con el gobierno colombiano.
La disputa se complica aún más con la intervención de España, que sostiene que el San José es un barco de Estado y, por tanto, su contenido pertenece al país bajo el principio de inmunidad soberana. Esta posición se ha mantenido firme a lo largo de los años, reforzada por las convenciones de la Unesco sobre patrimonio subacuático. El abogado español Carlos Pérez Vaquero ha reiterado que mientras un Estado no renuncie expresamente a su patrimonio público subacuático, seguirá siendo su propietario.
Además de los reclamos de Colombia, Estados Unidos y España, la nación indígena Qhara Qhara de Bolivia ha entrado en la disputa, argumentando que los metales preciosos fueron extraídos por su gente bajo coacción española. Este elemento añade una dimensión ética y moral a la ya compleja batalla legal, sugiriendo que la historia y el legado de la colonización aún resuenan en los conflictos contemporáneos sobre el patrimonio cultural.