La Guajira, un departamento colombiano reconocido por sus condiciones excepcionales para el desarrollo de proyectos de energía renovable, enfrenta una compleja realidad de conflictividad social que amenaza sus avances en la transición energética. En particular, la comunidad indígena wayú se encuentra dividida respecto a los beneficios de estos proyectos, lo que ha conllevado a la retirada de la empresa Enel del proyecto eólico Windpeshi. Esta situación pone de manifiesto las tensiones existentes entre el desarrollo económico y los derechos de las comunidades locales.

Enel, una empresa multinacional de energía, informó que las obras del proyecto Windpeshi fueron interrumpidas en un alto porcentaje de jornadas laborales debido a conflictos locales. A pesar de haber invertido más de $7.100 millones en iniciativas sociales, Enel tomó la decisión de abandonar el proyecto, evidenciando las dificultades para operar en un entorno marcado por la pobreza y la división comunitaria. La pobreza multidimensional en La Guajira afecta al 48.7% de la población, lo que agrava la situación y genera cuestionamientos sobre los verdaderos beneficios que los proyectos de energía renovable aportan a la región.

A la fecha, La Guajira cuenta con tres proyectos de energía renovable que se espera entren en operación entre 2023 y 2024, ofreciendo una capacidad de 568 MW. Sin embargo, un obstáculo significativo es la línea de transmisión Colectora 1, cuya construcción aún se encuentra en proceso de consulta previa con las comunidades locales, según la Asociación de Energías Renovables. Este retraso amenaza con comprometer los plazos de entrada en operación de los proyectos, destacando la necesidad de un enfoque más integral y coordinado.
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El debate sobre la transición energética se desarrolla en un contexto de violencia y divisiones internas en las comunidades wayú. La urgencia de implementar proyectos de energía renovable choca con la realidad de una crisis humanitaria. Ruth Chaparro, directora de la Fundación Caminos de Identidad, subraya la importancia de abordar esta crisis para garantizar que los beneficios potenciales de la transición energética se traduzcan en mejoras reales para las comunidades indígenas. El Gobernador de La Guajira ha liderado encuentros para promover una transición energética justa y priorizar proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades, pero los desafíos son persistentes y complejos.

Esta situación en La Guajira refleja un punto crítico en la implementación de estrategias de energía renovable en regiones vulnerables. A pesar de las inversiones y los planes de desarrollo, los beneficios proyectados no se han materializado de forma equitativa para toda la población, especialmente para las comunidades indígenas que enfrentan precariedad y crisis humanitaria. La solución a estos problemas requiere una visión holística que integre las necesidades y derechos de las comunidades locales con los objetivos de transición energética y desarrollo sostenible.

La salida de Enel del proyecto Windpeshi pone en evidencia la necesidad de una mayor articulación entre los actores gubernamentales, empresariales y comunitarios para resolver los conflictos y asegurar el éxito de los proyectos de energía renovable en La Guajira. La electrificación de las comunidades y el apoyo a proyectos estructurales son esenciales para impulsar el desarrollo en el departamento y asegurar que los beneficios de la energía limpia lleguen a todas las capas de la sociedad.

Ruth Chaparro enfatizó que la comprensión y resolución de la crisis humanitaria en La Guajira es crucial para avanzar de manera efectiva en la transición energética. Este enfoque no solo garantizaría una distribución más justa de los beneficios, sino que también reduciría la conflictividad y mejoraría la aceptación de estos proyectos por parte de las comunidades locales. Reconocer las necesidades y derechos de las poblaciones afectadas debe ser una prioridad en cualquier estrategia de desarrollo sostenible.