El anuncio realizado el 10 de febrero de 2025 por Donald Trump sobre la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio marca un giro significativo en la estrategia comercial de Estados Unidos. Esta medida, que entrará en vigor el 4 de marzo de 2025, tiene como propósito revitalizar la manufactura nacional, preservar empleos y reducir la dependencia de productos esenciales provenientes del extranjero.
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Este nuevo arancel implica un aumento significativo para el aluminio, que pasará del 10% al 25%, y afecta también al acero importado, que ya había sido objeto de tarifas similares durante el primer mandato de Trump. Ahora, el alcance será absoluto, ya que no habrá exenciones ni excepciones para ningún país, aboliendo las prerrogativas otorgadas previamente por la administración de Joe Biden a Canadá, México y otros aliados estratégicos.
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Canadá, mayor proveedor del 25% del acero usado en Estados Unidos, es uno de los principales afectados por la medida, junto con Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam. Estas tarifas afectan ampliamente a una red internacional de comercio que tiene profundas implicaciones tanto económicas como políticas. Expertos anticipan reacciones de represalia de socios comerciales clave, incluidos Canadá y México, cuyas economías están estrechamente vinculadas con la de Estados Unidos debido al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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La United Steelworkers Union, mientras apoya la necesidad de proteger la industria nacional, advirtió que una ejecución estricta de los aranceles podría resultar perjudicial si no se gestiona adecuadamente. Por otro lado, economistas han expresado preocupación de que esta medida provoque un aumento en los costos de producción para sectores críticos como la industria automotriz y la de bebidas, que dependen de insumos de acero y aluminio, lo que a su vez podría incrementar la inflación.
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Donald Trump firmó dos proclamaciones relacionadas: una que elimina las exenciones otorgadas por administraciones previas y otra que establece formalmente el arancel del 25%. Su administración también ha insinuado la posibilidad de aplicar tarifas recíprocas a aquellos países que impongan aranceles elevados a productos estadounidenses. Adicionalmente, Trump señaló que se evalúa extender estas políticas a otros sectores, como el automotriz, los chips semiconductores y los productos farmacéuticos.

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El contexto de esta decisión se remonta a las políticas de Trump durante su primer mandato (2017-2021), cuando impuso tarifas del mismo porcentaje al acero y un 10% al aluminio, medidas que luego fueron renegociadas con Canadá y México en el marco del T-MEC. Sin embargo, el nivel de integración de las cadenas de suministro a nivel regional e internacional generó consideraciones de mayor alcance.
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Reacciones internacionales han comenzado a surgir, con Canadá y México liderando la oposición a la medida. Expertos anticipan que esta decisión podría derivar en una escalada de tensiones comerciales, con el potencial de provocar represalias que aumenten los desafíos económicos en el ámbito global. El entorno internacional de competencia comercial y productiva se muestra altamente sensible a estas decisiones.
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La medida suscita un amplio debate en torno a su impacto en el déficit comercial de Estados Unidos, que Trump busca reducir como parte central de su visión económica. Si bien el objetivo declarado es la creación de empleos y la potenciación de la industria nacional, analistas externos advierten que el incremento de costos para los consumidores y pequeñas empresas podría minar parcialmente los beneficios esperados.