Cuatro bufetes de abogados en Estados Unidos han iniciado investigaciones sobre Ecopetrol para determinar posibles infracciones a las leyes de valores de ese país, mismas que podrían haber impactado negativamente a los inversionistas en American Depositary Receipts (ADR). Estas investigaciones siguen un comunicado de prensa emitido por Ecopetrol el 22 de mayo de 2024, en el que se informaba que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia había iniciado una investigación y formulado cargos por presuntas infracciones a las leyes de protección de la libre competencia económica en el país.
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El comunicado provocó una caída del precio de los ADR de la compañía, que descendió US$0,41 por ADR, o un 3,34%, cerrando en US$11,88 por ADR el mismo 22 de mayo. Las firmas de abogados implicadas en esta investigación son Bronstein, Gewirtz y Grossman, Pomerantz LLP, Kirby McInerney LLP y Bragar Eagel & Squire, P.C. Cada una de estas firmas tiene un historial significativo en la representación de inversionistas en casos de fraude de valores y litigios comerciales complejos.
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Bronstein, Gewirtz y Grossman se especializan en demandas colectivas por fraude de valores y demandas derivadas de accionistas. Pomerantz LLP es el bufete de abogados más antiguo del mundo dedicado a representar a inversionistas defraudados. Kirby McInerney LLP posee casi un siglo de experiencia en representar a demandantes en juicios de fraude financiero. Por último, Bragar Eagel & Squire, P.C. se dedica a litigios comerciales y de valores, incluyendo asuntos relacionados con fondos de cobertura.
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Estas firmas han confirmado que no cobrarán a los inversionistas que busquen sus servicios, sino que recibirán honorarios de contingencia solo si la acción legal tiene éxito. En este contexto, es relevante destacar que, hasta la fecha, Ecopetrol no ha sido notificada de ninguna acción legal en su contra relacionada con estos hechos. Se espera que la empresa y sus subordinadas respondan al pliego de cargos dentro de los plazos establecidos por la SIC de Colombia.
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Las implicaciones de estas investigaciones son significativas, ya que una resolución adversa podría tener repercusiones financieras y reputacionales para Ecopetrol, afectando a sus inversionistas y la confianza del mercado. Las investigaciones están en curso, y aún no se ha concretado ninguna reclamación o requerimiento legal formal contra la empresa.