Según audios y testimonios obtenidos por EL PAÍS, Álvaro Leyva llevó a cabo gestiones directas ante funcionarios de alto perfil en la administración estadounidense, incluyendo un intento de acercamiento con Marco Rubio, actual secretario de Estado, a quien propuso impulsar "una presión internacional" con el objetivo explícito de provocar la destitución del presidente Petro. De las grabaciones y testimonios recogidos, no se desprende que la Casa Blanca haya considerado la propuesta de Leyva ni que se hayan activado mecanismos institucionales estadounidenses a raíz de su petición.
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Leyva también mantuvo reuniones con Mario Díaz-Balart, congresista republicano en Florida, e indicó su intención de contactar a Carlos Antonio Giménez, otro congresista destacado en Miami.
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Dentro de las grabaciones, Leyva justifica la necesidad de un "gran acuerdo nacional", citando el apoyo de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Además, plantea que en caso de prosperar el plan, la sucesión presidencial recaería en Francia Márquez, actual vicepresidenta.
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Paralelamente a sus gestiones en Estados Unidos, Leyva publicó varias cartas en redes sociales donde acusó a Gustavo Petro de tener problemas de drogadicción y de presentar comportamientos extraños, afirmaciones que tanto el presidente Petro como su principal asesora, Laura Sarabia, han rechazado categóricamente, calificándolas de difamatorias. Según los audios, Leyva atribuyó a estas revelaciones el papel de "primer paso para derrocar" a Petro.
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En otros fragmentos de audio, Leyva identificó a Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana, como una posible interlocutora y mencionó a Miguel Uribe, precandidato del Centro Democrático, dentro de su estrategia para alcanzar sus objetivos políticos.
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Al conocer las grabaciones, el presidente Gustavo Petro —actualmente en funciones tras ganar la presidencia en 2022— manifestó gran molestia y acusó a Leyva de orquestar un intento de golpe de Estado. Por su parte, Leyva se trasladó a Madrid, aduciendo motivos de seguridad tras la filtración de los audios.
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Álvaro Leyva, quien fue parte del gobierno de Petro y ocupó roles en las negociaciones con grupos armados y la reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela, fue apartado de su cargo en noviembre de 2024 tras ser inhabilitado por la Procuraduría General, que lo sancionó por cancelar de forma irregular una licitación para la emisión de pasaportes, una decisión que tomó siguiendo instrucciones del propio Petro.
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La denuncia de Petro sobre estos hechos señala una supuesta amenaza a la institucionalidad democrática, mientras que las acciones de Leyva lo vinculan con intentos explícitos por involucrar a figuras clave del Partido Republicano en un esfuerzo por modificar el rumbo político colombiano desde el exterior a través de alianzas con actores armados y políticos.