El gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, ha tomado una decisión contundente que ha generado amplio debate tanto a nivel nacional como internacional. A través de su portavoz, Manuel Adorni, se anunció la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en toda la administración pública argentina. Esta medida incluye la restricción del uso de terminaciones como la letra "e", el símbolo "@" y la "x" en documentos oficiales, en un esfuerzo por promover "el uso correcto del idioma castellano".

La decisión se alinea con la postura del presidente Milei contra lo que él denomina el "adoctrinamiento" del "marxismo cultural", y se presenta como una extensión de políticas previas, como la prohibición del uso del morfema "e" en el Ministerio de Defensa. Este movimiento ha sido interpretado por muchos como un retroceso en los avances de igualdad de género y diversidad sexual en Argentina, un país que ha sido pionero en derechos LGBTIQ+ y feminismo en América Latina.

La medida ha suscitado críticas y preocupaciones entre activistas y defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que elimina el reconocimiento y la inclusión de las diversidades de género en el espacio público. Además, se teme que pueda marcar el inicio de una serie de políticas que busquen desmantelar los avances logrados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres en el país.

Por otro lado, la administración Milei justifica la prohibición del lenguaje inclusivo como una necesidad de preservar la integridad del idioma español y evitar confusiones en la comunicación oficial. Sin embargo, esta justificación ha sido recibida con escepticismo por parte de quienes ven en la medida una estrategia política que busca apelar a las bases más conservadoras del electorado, en un momento en que el país enfrenta serios desafíos económicos y sociales.