La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha iniciado acciones legales que podrían llevar al embargo de propiedades de Donald Trump, incluyendo su icónico Trump Tower en Manhattan. Esto surge en el contexto de un juicio por fraude civil, donde se le exige a Trump una fianza de 464 millones de dólares. La oficina de James ha presentado documentos judiciales que indican preparativos para el posible embargo de propiedades, incluido el campo de golf de Trump y su finca privada en Seven Springs, al norte de Manhattan.

Trump enfrenta dificultades para reunir la suma necesaria para la fianza, y ha expresado en público su frustración, calificando las demandas financieras como "imprácticas" y "injustas". El ex presidente y su equipo legal han intentado sin éxito asegurar un acuerdo con compañías de fianzas, alegando la imposibilidad práctica de cumplir con la cantidad exigida, mientras que su campaña ha aprovechado la situación para solicitar donaciones, presentándola como una injusticia política y una persecución.

La estrategia de James se basa en la premisa de que Trump ha exagerado su riqueza en las declaraciones financieras utilizadas para obtener préstamos y hacer negocios, llevando a una sentencia judicial que exige una compensación monetaria significativa. Esta situación no solo plantea un desafío financiero para Trump sino que también amenaza su imagen de magnate inmobiliario exitoso y podría tener implicaciones profundas en su campaña presidencial en curso.

Mientras la batalla legal continúa, Trump y su equipo legal buscan formas de apelar el fallo y las condiciones de la fianza, argumentando que las exigencias actuales son excesivas y constituyen una infracción a sus derechos. Este complejo escenario legal se desarrolla en un momento crítico, con Trump luchando por mantener su influencia política y financiera frente a los crecientes desafíos legales y las posibles consecuencias de un embargo masivo de sus propiedades.