Un juez dictaminó la medida de aseguramiento en centro carcelario para el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista y 23 militares del Ejército Nacional debido a su presunta participación en la masacre de Alto Remanso, una operación militar conocida como "Mahlon No. 5". Esta intervención, realizada el 28 de marzo de 2022 en Puerto Leguízamo, Putumayo, resultó en la muerte de 11 personas, incluyendo un gobernador indígena, un presidente de la Junta de Acción Comunal, un menor de edad y ocho civiles más. Además, cinco personas resultaron heridas, entre ellas una adolescente embarazada.
‍

Durante la operación, los militares del Ejército Nacional dispararon indiscriminadamente en medio de un bazar comunitario. Las tropas utilizaron 1,597 cartuchos de calibre 5.56 × 45 mm, 32 cartuchos de 7.62 × 39 mm, nueve granadas de 40 mm y cinco granadas de mano. La incursión se efectuó entre las 7:13 a.m. y las 9:45 a.m. y, a pesar de haber sido calificada como “exitosa” por el exministro de Defensa, Diego Molano, la Fiscalía asegura que los militares tenían conocimiento previo de que el objetivo principal, Carlos Emilio Loaiza (alias Bruno), no se encontraba en la localidad en cuestión.
‍

Según las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, los militares no solo incurrieron en homicidio en persona protegida, tanto en grado consumado como en tentativa, sino que también manipularon la escena del crimen para encubrir sus acciones. En un intento por distorsionar los hechos, se vistieron con prendas que simulaban ser de grupos armados ilegales. Los militares aún permanecen en el Batallón de Ingenieros No. 13 en Bogotá mientras la investigación sigue su curso.
‍

Este caso ha suscitado un amplio debate nacional sobre la actuación de las fuerzas armadas y la protección de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado en Colombia. La gravedad de los delitos imputados, así como las circunstancias en las que se perpetraron, han llamado la atención de diversas organizaciones y expertos en derechos humanos, quienes demandan una revisión a fondo de las operaciones militares llevadas a cabo en zonas vulnerables y afectadas por la violencia armada.
‍

La Fiscalía reafirma su compromiso de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, en un proceso que promete ser largo y complejo dada la magnitud y la repercusión del caso en la sociedad colombiana. Se espera que este proceso judicial marque un precedente importante en el tratamiento de crímenes de guerra y en la protección de civiles en zonas de conflicto. La operación "Mahlon No. 5" fue inicialmente calificada como "exitosa" por las autoridades militares, a pesar de la evidente discrepancia entre los hechos reportados y las declaraciones oficiales, poniendo en relieve la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en las operaciones de seguridad pública.