El 21 de enero de 2025, un grupo conformado por 22 estados liderados por demócratas, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco presentó una demanda en un tribunal federal en Boston contra la administración del presidente Donald Trump. La demanda desafía una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, y se considera un desafío constitucional significativo a una de las políticas más destacadas de la administración Trump.
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Según la demanda, los demandantes argumentaron que la orden ejecutiva es una violación flagrante de la Constitución de EE. UU., específicamente de la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda. Esta cláusula establece que cualquier persona nacida en EE. UU. es considerada ciudadana. Se estima que más de 150,000 niños nacidos anualmente en EE. UU. se verían afectados y privados de su derecho a la ciudadanía si la orden ejecutiva de Trump se implementa. La 14ª enmienda fue ratificada en 1868 y es una enmienda fundamental en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos, garantizando la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en el país.
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La orden ejecutiva de Trump prohíbe a las agencias federales reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en EE. UU. de madres que están en el país ilegalmente o que tienen un estatus temporal, como los titulares de visas, y cuyos padres no son ciudadanos o residentes permanentes legales. Trump argumentó que la frase "sujeto a la jurisdicción" en la 14ª enmienda excluye a los hijos de inmigrantes indocumentados de la ciudadanía, aunque esta interpretación ha sido rechazada por muchos expertos legales.
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El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, calificó la acción de Trump como "ilegal e inconstitucional" y reafirmó la disposición de los estados para defender los derechos constitucionales de sus residentes. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también presentó una demanda similar, afirmando que negar la ciudadanía a los niños nacidos en EE. UU. es una "repudiación imprudente y cruel de los valores estadounidenses".
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Las implicaciones legales de esta demanda son vastas. Podría convertirse en un caso importante ante la Corte Suprema, la cual previamente ha respaldado la ciudadanía por nacimiento. Cualquier fallo del tribunal de Boston se podría apelar ante el Primer Circuito de Apelaciones de EE. UU., que está compuesto exclusivamente por jueces nombrados por presidentes demócratas. Simultáneamente, otros fiscales generales de estados como Washington, Arizona, Oregón e Illinois han presentado demandas en un tribunal federal en Seattle, que está bajo la jurisdicción del Noveno Circuito de Apelaciones.
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En resumen, la orden de Trump, firmada poco después de asumir el cargo, ha sido ampliamente criticada y ha generado múltiples litigios desde su anuncio. Los demandantes sostienen que la implementación de esta política no solo afectaría los derechos de los niños nacidos en EE. UU., sino que también impondría una carga financiera significativa a los estados, quienes tendrían que asumir mayores responsabilidades en la provisión de servicios a los no ciudadanos.