La incautación del avión presidencial ocurrió el 2 de septiembre de 2024 en la República Dominicana, y fue realizada por autoridades estadounidenses. La aeronave, un Dassault Falcon 900EX, está valorada en aproximadamente 13 millones de dólares y se encontraba registrada en la República de San Marino. De acuerdo con las autoridades, el avión había sido utilizado por Maduro para llevar a cabo viajes a diversos países, incluyendo San Vicente y las Granadinas, Cuba y Brasil.
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El Departamento de Justicia de EE.UU. alega que el avión fue adquirido ilegalmente a través de una empresa fachada en Florida. Además, asegura que la exportación de la aeronave a Venezuela en abril de 2023 violó las sanciones y controles de exportación impuestos por EE.UU. Se sospecha que la compra del avión se realizó entre finales de 2022 y principios de 2023.
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Respecto a las acusaciones, el fiscal general Merrick Garland declaró: "La incautación envía un mensaje claro sobre las consecuencias de las acciones de Maduro y su régimen". Por su parte, Matthew Axelrod, del Departamento de Comercio, enfatizó: "No importa cuán lujoso sea el avión, se perseguirán todas las aeronaves adquiridas ilegalmente".
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Dentro de las consecuencias de esta operación, las autoridades estadounidenses buscan la confiscación definitiva del avión como parte de su estrategia para interrumpir el flujo de dinero hacia el régimen de Maduro. Esta incautación es parte de un esfuerzo más amplio y coordinado para sancionar y aislar financieramente al gobierno venezolano.
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El contexto político agrega una capa de complejidad a este evento. La incautación se produjo poco más de un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde tanto Nicolás Maduro como el candidato opositor Edmundo González reclamaron la victoria. La administración estadounidense ha señalado que existen "pruebas abrumadoras" de que González recibió más votos, aunque las autoridades electorales venezolanas aún no han publicado cifras oficiales.
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En cuanto a los antecedentes legales, en marzo de 2020, Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos fueron acusados de narcoterrorismo y tráfico de drogas por las autoridades estadounidenses. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Maduro.
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Este evento representa un nuevo capítulo en la presión internacional sobre el régimen de Maduro y sus operaciones, en un contexto de creciente tensión política y económica en Venezuela. Las acusaciones de adquirir ilegalmente el avión y violar sanciones estadounidenses suman a la ya extensa lista de imputaciones contra Maduro y sus colaboradores cercanos, acrecentando la presión internacional para que rinda cuentas por sus acciones.