El ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sido imputado por cargos de “lesiones graves” y “abuso de poder” contra su expareja, Fabiola Yañez. La imputación se sustenta en un extenso escrito presentado por la fiscalía, que detalla las denuncias de Yañez y recoge testimonios y evidencia documental.
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Fabiola Yañez declaró en el consulado argentino en Madrid el 13 de agosto de 2024, aportando pruebas sobre agresiones físicas y hostigamiento psicológico cometidos por Fernández. Entre los incidentes detallados, Yañez mencionó un golpe que recibió en el ojo durante una discusión acerca de la “fiesta de Olivos”, escándalo que ocurrió en julio de 2020, durante la presidencia de Fernández. Además, relató un incidente en 2016, en el que afirmó haber sido obligada a abortar en contra de su voluntad.
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El fiscal Ramiro González, quien está a cargo del caso, decidió elevar la acusación inicial de “lesiones leves” a “graves”, y agregar el cargo de “amenazas coactivas”, subrayando la “total asimetría” de poder con que Fernández actuaba. La fiscalía documentó múltiples incidentes de violencia, enmarcando el contexto en un patrón de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento psicológico.
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Yañez entregó material gráfico que incluía fotos de moretones y statement evidenciando empujones, particularmente hacia el final de su embarazo. También denunció que Fernández le enviaba fotos y videos de otras mujeres con las que él la engañaba, intensificando su conducta abusiva tras ser electo presidente en 2019.
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Según los documentos fiscales, el acoso continuó incluso después de que Yañez se mudara a España a finales de 2023. Durante este periodo, ella recibió varias amenazas de suicidio por parte de Fernández. En la investigación también se examina el posible encubrimiento por parte del entorno de la pareja presidencial, involucrando al médico presidencial Federico Saavedra y a la secretaria personal de Fernández, María Cantero.
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La imputación es el primer paso formal en la investigación judicial contra el ex-mandatario argentino. A medida que avance, el fiscal González evaluará si se solicita el procesamiento de Fernández. Esta decisión será clave y se tomará una vez concluya esta etapa preliminar del proceso legal. La "fiesta de Olivos" fue un evento celebrado durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en julio de 2020, violando las restricciones impuestas por la propia administración de Fernández, lo que generó un gran escándalo público y político.