El caso de Alconides Vallejo Álvarez, líder campesino y defensor de derechos humanos en Vegachí, Antioquia, refleja la complejidad de los operativos antinarcóticos en Colombia y sus consecuencias trágicas para la población civil. Vallejo resultó herido durante el operativo "Múcura" en la vereda La Clarita, el cual se ejecutó en 2022 bajo el objetivo de desarticular una célula del Clan del Golfo.
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Inicialmente, se reportó la muerte de seis integrantes del Clan del Golfo. Sin embargo, se corrigió la cifra a cinco abatidos y un civil herido, siendo este último Alconides Vallejo. Según testimonios de la familia, Vallejo estaba a cierta distancia de su hogar cuando fue alcanzado por disparos de la Policía.

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Después del incidente, Vallejo fue trasladado al Hospital General Regional del Magdalena Medio. Allí, falleció como resultado de cinco disparos en diferentes partes de su cuerpo. La familia de Vallejo ha manifestado su frustración por la falta de avances en la investigación judicial, debido a la ausencia de solicitudes de la Fiscalía para tomar los testimonios de los familiares.
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A lo largo del proceso judicial, el abogado de las víctimas ha denunciado intimidaciones por parte de investigadores judiciales involucrados en el operativo en La Clarita. La búsqueda de una conciliación ha sido infructuosa ya que la Policía ha negado su responsabilidad en la muerte de Alconides.
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En un intento por obtener justicia, la familia Vallejo ha presentado una demanda contra el Ministerio de Defensa y la Policía por violaciones al Derecho Internacional Humanitario durante el operativo. A pesar de la falta de avances en esta demanda, los familiares de Vallejo buscan un reconocimiento público por su muerte.
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La situación de Alconides se enmarca dentro de un panorama más amplio de violencia contra líderes sociales en Colombia. En 2022, se registraron 189 asesinatos de líderes sociales, de los cuales uno de los casos más sonados fue el de Vallejo. Este contexto refleja la serie de desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país.
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La familia Vallejo continúa su lucha por justicia en medio de la negativa de la Policía de asumir su responsabilidad en esta tragedia. Esta persistente búsqueda destaca la necesidad urgente de garantizar la protección y el reconocimiento de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.