La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la acusación contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, por los delitos de soborno y fraude procesal, tras seis años de investigaciones. El caso se remonta a 2012 cuando Uribe denunció a Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, de manipular testigos contra él. Sin embargo, el giro inesperado surgió cuando la Corte Suprema desestimó las acusaciones contra Cepeda y puso en duda las acciones de Uribe, desencadenando así una serie de eventos que llevaron a este juicio histórico.
El proceso judicial ha sido complejo y controversial, destacando la renuncia de Uribe al Senado en 2020, lo que cambió la jurisdicción del caso de la Corte Suprema a la Fiscalía. Este movimiento fue visto como una táctica para dilatar el proceso, pero la insistencia en la investigación ha llevado a la actual acusación formal. Los testimonios clave en el caso incluyen a Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez y Carlos Enrique Vélez, cuyas declaraciones han sido fundamentales para el desarrollo del juicio.
El proceso contra Álvaro Uribe se ha caracterizado por sus numerosas complejidades legales y estrategias dilatorias. Tras la denuncia inicial de Uribe contra Cepeda, la investigación tomó un rumbo inesperado, centrando la atención en el propio Uribe y sus posibles malas prácticas. Este cambio fue solidificado por la decisión de la Corte Suprema en 2018, que desestimó las acusaciones contra Cepeda y sugirió irregularidades en la defensa de Uribe.
La situación se intensificó en 2020 cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado, alterando así la jurisdicción del caso. Esta maniobra fue interpretada como un intento de Uribe de influir en el proceso legal, lo que llevó a la Fiscalía a asumir la responsabilidad del caso. Aunque inicialmente se sugirió la posibilidad de cerrar el caso, la persistencia de la evidencia y las demandas de justicia por parte de las víctimas mantuvieron vivas las acusaciones.