El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, confirmó la construcción de una prisión de máxima seguridad en Saint-Laurent-du-Maroni, ubicada en la remota selva de Guayana Francesa, a siete kilómetros del centro urbano y cerca de la frontera con Surinam. El nuevo complejo tendrá una capacidad para 500 reclusos, incluyendo 60 clasificados como de máxima seguridad y 15 identificados como terroristas. Además, el proyecto contempla un tribunal adyacente para facilitar los procesos judiciales asociados a los internos.
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La inversión total estimada para la prisión asciende a 400 millones de euros (aproximadamente 450 millones de dólares) y se prevé que esté operativa a más tardar en 2028. Esta iniciativa del gobierno francés responde al crecimiento de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado en Guayana Francesa, cuyo índice de homicidios es de 18.4 por cada 100,000 habitantes, cifra considerablemente superior al promedio nacional de Francia continental, que es de 1.2.
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París ha identificado la presencia de 49 bandas de narcotraficantes catalogadas como “extremadamente peligrosas” en Guayana Francesa, Guadalupe y Martinica. Según estimaciones oficiales, hasta el 30% de la cocaína consumida en Francia es traficada desde la Guayana. Las autoridades sostienen que la cárcel será clave para “poner fuera de combate a los narcotraficantes más peligrosos” e islamistas radicales, al aislarlos de sus redes delictivas en territorio continental.
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La única prisión actual en Guayana Francesa, Rémire-Montjoly, fue diseñada para 614 reclusos, pero hoy registra una sobrepoblación con 983 internos. La sobrecarga y los recientes ataques contra centros penitenciarios y personal de seguridad han impulsado la decisión de erigir el centro en una zona apartada del Amazonas, con el objetivo de dificultar la organización interna de las bandas criminales y limitar la corrupción originada en las cárceles metropolitanas.
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No obstante, el anuncio ha generado una ola de rechazo entre la población francoguayanesa y sus representantes políticos. Davy Rimane, diputado de La France Insoumise, y Jean-Victor Castor, también diputado local, acusan a París de no consultar a las autoridades locales y consideran la medida un “retroceso al colonialismo” y un “insulto a la historia” de la región, marcada por el bagne o colonia penal que entre 1852 y 1953 alojó a más de 70,000 reclusos del Imperio francés en condiciones extremadamente duras. La ubicación de la nueva prisión, próxima a la histórica Isla del Diablo, revive el pasado cuando Francia enviaba a sus “indeseables” para trabajos forzados, lo que ha sido duramente criticado por la Asamblea Regional de la Colectividad Territorial de Guayana (CTG), que ve el proyecto como una “réplica de muy mal gusto”.
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Además de las críticas históricas, expertos en criminología y derechos humanos han advertido sobre los problemas legales y humanitarios del plan. Marion Vannier, especialista de la Universidad de Mánchester, indica que trasladar prisioneros a miles de kilómetros de Francia sería incompatible con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el respeto a la vida privada y familiar, mientras que el artículo 3 del mismo tratado prohíbe tratos inhumanos, lo que cobra relevancia ante la precariedad sanitaria local y la falta de hospitales adecuadamente equipados en Guayana Francesa, frecuentemente afectada por epidemias como dengue o chikunguña.
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Aunque el gobierno justifica que la prisión responde a una “necesidad local urgente” y como parte de una estrategia de seguridad más amplia para sus territorios de ultramar, la oposición persiste entre la población francoguayanesa, la asamblea regional y numerosos expertos. La discusión entorno a la nueva cárcel, su operatividad y sus implicaciones jurídicas y sociales permanece abierta, mientras las autoridades sostienen que el primer grupo de reclusos llegará en 2028.