El parlamento de Ghana ha aprobado recientemente una ley que impone severas restricciones a la comunidad LGBTQ+ y a quienes promueven sus derechos, marcando un punto de inflexión en la legislación del país africano. La ley, que ahora espera la firma del presidente Nana Akufo-Addo para entrar en vigor, ha sido objeto de intensos debates y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos internacionales y locales. Bajo esta nueva legislación, las personas que se identifiquen como LGBTQ+ o que apoyen los derechos de esta comunidad podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años.

La medida legislativa, denominada "Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de Ghana", ha sido defendida por sus proponentes como una protección de los valores familiares tradicionales ghaneses. Sin embargo, detractores argumentan que viola los derechos humanos fundamentales y fomenta la discriminación y el odio hacia las personas LGBTQ+. La ley también criminaliza la promoción y el financiamiento de actividades LGBTQ+, así como las muestras públicas de afecto entre personas del mismo sexo, que ya estaban prohibidas bajo la legislación existente.

La aprobación de esta ley ha generado una respuesta inmediata de la comunidad internacional, con figuras y organizaciones destacadas expresando su profunda preocupación por las implicaciones de la ley para los derechos humanos en Ghana. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varios gobiernos extranjeros han instado al presidente Akufo-Addo a reconsiderar su posición y no promulgar la ley.

A pesar de la creciente presión internacional, el apoyo dentro de Ghana a la legislación parece ser amplio, con muchos ciudadanos y líderes religiosos expresando su aprobación por lo que consideran una defensa de los valores culturales y morales del país. Esta división refleja la tensión entre los derechos humanos universales y las normas culturales específicas de una sociedad, un debate que continúa resonando en todo el continente africano.