El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en colaboración con 16 fiscales generales estatales, ha iniciado un proceso legal de gran envergadura contra Apple, argumentando que la firma ha instaurado un monopolio en el sector de los smartphones que perjudica a consumidores, desarrolladores y competidores. Según la demanda, Apple ha diseñado estrategias y relaciones comerciales que buscan maximizar sus ingresos a costa de limitar las opciones de los usuarios y elevar los precios de manera artificial.

Este caso se centra en la acusación de que Apple, para garantizar la continuidad en la preferencia de los consumidores por el iPhone, ha empleado tácticas anticompetitivas. Esto incluye bloquear aplicaciones de mensajería multiplataforma, restringir la compatibilidad con carteras digitales y relojes inteligentes de terceros, y perturbar programas fuera de la App Store y servicios de streaming en la nube. La demanda busca un mandato judicial para cesar estas prácticas anticompetitivas de Apple y solicita una compensación para remediar cualquier daño anticompetitivo causado.

Apple ha rechazado las acusaciones, alegando que la demanda amenaza la esencia de su identidad y los principios que distinguen a sus productos en un mercado altamente competitivo. La compañía enfatiza su compromiso con la innovación y la creación de tecnologías que ofrecen una experiencia integral, donde hardware, software y servicios se interconectan armoniosamente. Según Apple, si la demanda prospera, podría menoscabar su capacidad para desarrollar la tecnología que los usuarios esperan de la marca.