Entre el 24 y el 27 de mayo de 2025, el corregimiento de Inda Sabaleta, en Nariño, fue sede del quinto ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de las extintas FARC-EP. Durante estas jornadas se sellaron cuatro acuerdos fundamentales, siendo el primero la instalación de dos Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, diseñadas para albergar a 120 combatientes dispuestos a dejar las armas e iniciar su reincorporación civil. En el caso de Nariño, la zona específica se ubicará en el municipio de Roberto Payán, con seguridad a cargo de la Fuerza Pública.
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Otro acuerdo relevante abordó la transición de economías ilícitas a lícitas en los territorios afectados por los cultivos de coca, especialmente en Nariño, que lidera los índices nacionales de siembra de esta planta según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC). Esto se produce luego de un paro cocalero en el que organizaciones denuncian incumplimientos en el Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). El programa pactado contempla la participación de comunidades y miembros de CNEB, y prioriza la construcción de la iniciativa para Putumayo en esta etapa.
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Durante las negociaciones, el presidente Gustavo Petro confirmó la suspensión de las extradiciones de miembros de la CNEB involucrados en los procesos de paz, en una medida que contrasta con la instrucción de la Fiscalía de avanzar con solicitudes en curso. Específicamente, el debate cobró relevancia con la situación de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de la Frontera, capturado y vinculado a la mesa de diálogo a través de medios virtuales desde prisión. Rojas enfrenta una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, lo que ha suscitado discusiones en el Ejecutivo sobre la aplicación de la nueva directriz.
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En materia de garantías internacionales, los países garantes —Suiza, Noruega y Venezuela— se comprometieron a acompañar presencialmente los desplazamientos de la delegación de la CNEB. La disidencia confirmó la disposición de entregar material de guerra, aunque sin concretar ni una fecha ni un lugar para la entrega.
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La CNEB agrupa aproximadamente 2,000 integrantes, estructurados en la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera. Esta facción se desvinculó de la Segunda Marquetalia a finales de 2024, en medio de desacuerdos internos tras el desconocimiento público de los avances de las negociaciones por parte de Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia.
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El ciclo concluyó con la perspectiva de un fortalecimiento de la confianza entre Gobierno y CNEB. En el corto plazo se adelantará la presentación de un proyecto de ley que busca solventar vacíos jurídicos identificados que dificultan la implementación integral del proceso de paz total y faciliten la negociación simultánea con diferentes actores armados.
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Además, se reconoció la situación humanitaria de la comunidad indígena Awá, afectada por la presencia de minas antipersonales en la región y que ha demandado un cese bilateral del fuego. Como dato relevante, la Policía Nacional reportó que Nariño ha alcanzado su tasa de homicidios más baja en veinte años, indicativo de una reducción significativa de la violencia en el departamento.