En una declaración que ha provocado tanto sorpresa como controversia, Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), reveló que aproximadamente 20.000 mujeres en Colombia se divorciaron recientemente con el objetivo de cumplir con el requisito de ser consideradas jefas de hogar y así recibir beneficios del programa Renta Ciudadana. Este programa busca apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad económica, proporcionando un subsidio mensual de 500.000 pesos a madres solteras con hijos menores de seis años.

El anuncio se hizo en el contexto de la implementación del primer pago de la Renta Ciudadana, que comenzó a ser distribuido este mes. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, ha sido diseñada para mitigar la feminización de la pobreza, una realidad preocupante en América Latina y especialmente en Colombia, donde casi el 90 % de los hogares beneficiarios de programas de transferencia son liderados por mujeres.

Sin embargo, la revelación de Bolívar también ha sacado a la luz prácticas cuestionables. Según datos del DPS, aunque muchas mujeres han modificado su estado civil para calificar dentro del programa, algunos informes indican que aún comparten el hogar con sus esposos, lo que ha generado un debate sobre la efectividad y la administración de los controles del programa.

La situación ha generado una mezcla de reacciones en la sociedad colombiana. Por un lado, se subraya la desesperación de las mujeres por acceder a recursos económicos que aseguren el bienestar de sus hijos. Por otro lado, se critica la manipulación del sistema diseñado para ayudar a las más necesitadas. Este escenario ha puesto en evidencia los desafíos éticos y administrativos que enfrenta el gobierno en la implementación de políticas de apoyo social.