El 4 de diciembre de 2024, a través de su cuenta en X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esta decisión se produjo en un contexto complicado para el país, marcado por una crisis fiscal y acusaciones de corrupción que involucraban al ministro.
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Minutos después del anuncio de Petro, Bonilla presentó su carta de renuncia "irrevocable", señalando que, a partir de entonces, se defendería como ciudadano sin el respaldo de su cargo. En su misiva, manifestó respeto por la labor de la Fiscalía y enfatizó que no utilizaría su posición ministerial para defenderse.
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Bonilla enfrentaba serias acusaciones, incluyendo el presunto direccionamiento de contratos a personas designadas por seis congresistas a cambio de apoyos para créditos solicitados para la Nación. Tres exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, habían hecho declaraciones que lo implicaban en este escándalo de corrupción.
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El presidente Petro defendió a Bonilla en su mensaje, argumentando que la renuncia no se debía a una culpabilidad, sino a la presión que el ministro había enfrentado debido a su lealtad al programa de gobierno. Petro destacó el papel de Bonilla en sacar al país de la recesión provocada por el gobierno anterior de Iván Duque.
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La situación fiscal del país es delicada. Colombia enfrenta un bajo recaudo tributario, lo que llevó a Bonilla a anunciar un recorte del presupuesto del 5,6% para el año en curso. El presupuesto para 2025 ya estaba desfinanciado desde su concepción, y el Congreso rechazó la propuesta de aumento de impuestos. Los legisladores argumentaron que incrementar los impuestos sería legalmente imposible y económicamente inconveniente en un momento de déficit fiscal.
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Con la salida de Bonilla, queda en el aire la defensa de la ley de financiamiento, una reforma tributaria que busca cubrir el hueco fiscal. El gobierno de Petro ha tenido una mezcla de éxitos y fracasos en sus iniciativas legislativas, y la ausencia de Bonilla podría complicar aún más la aprobación de esta crítica reforma.
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La renuncia de Bonilla no es un hecho aislado, sino que se inserta en un panorama de complejidades políticas y económicas que el gobierno de Petro deberá afrontar de inmediato para estabilizar las finanzas del país y recuperar la confianza de los sectores políticos y económicos.