La aprobación de la reforma laboral en Colombia se concretó tras extensos debates y votaciones en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. La iniciativa obtuvo 59 votos a favor y 16 en contra en el Senado, y una diferencia aún más contundente en la Cámara, donde fue avalada por 126 representantes frente a solo 2 votos en contra.
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La nueva legislación, que consta de 70 artículos, introduce cambios sustanciales frente al Código Sustantivo del Trabajo vigente desde mediados del siglo XX. Entre las medidas más relevantes, la jornada nocturna se adelanta dos horas, iniciando a las 7 p.m. y extendiéndose hasta las 6 a.m. Los empleados que trabajen entre las 7 p.m. y las 9 p.m. tendrán derecho a un recargo salarial del 35% por ese periodo adicional.
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En cuanto a la labor en festivos y domingos, el recargo sobre el salario ordinario aumenta del 75% al 100%. Este ajuste se aplicará de forma gradual: a partir de julio de 2025 el recargo será del 80%, en julio de 2026 pasará al 90% y desde julio de 2027 alcanzará el 100%.
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Para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la reforma dispone que recibirán el 75% del salario mínimo durante la etapa lectiva y el 100% en la etapa práctica. Además, obtendrán derechos laborales que incluyen cotización a salud, pensión, riesgos laborales, vacaciones, primas y cesantías.
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Otra disposición relevante es el límite a la duración de los contratos a término fijo, que no podrán renovarse indefinidamente y tendrán un máximo de cuatro años, lo que busca fortalecer la estabilidad laboral y asegurar una indemnización justa para los empleados sujetos a este tipo de contratación.
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La reforma incorpora, además, mecanismos para avanzar en la formalización laboral, en especial para los repartidores de plataformas digitales. Con ello, se facilita que las empresas realicen cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores involucrados en estas modalidades, sin importar la naturaleza de la relación contractual.
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El debate político estuvo marcado por objeciones de la oposición, principalmente del Centro Democrático, quienes advirtieron sobre posibles efectos adversos para las pequeñas empresas y un posible incremento del desempleo y la informalidad. Por su parte, el gobierno sostiene que estas medidas buscan dignificar el empleo en el país y modernizar la normativa de acuerdo con las transformaciones sociales y productivas recientes, como el teletrabajo y la flexibilidad de jornada.
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Tras su aprobación en el Congreso, la reforma será remitida al presidente Gustavo Petro para su sanción. Se prevé que la ley entre en vigencia una vez sea firmada, lo que se espera ocurra en julio de 2025.