El proyecto de reforma a la salud en Colombia, impulsado fervientemente por el presidente Gustavo Petro desde su llegada al poder en agosto de 2022, se ha enfrentado a su final en la Comisión Séptima del Senado. Con nueve votos en contra y cinco a favor, la iniciativa legislativa buscaba una transformación profunda del sistema sanitario del país, reemplazando el modelo de aseguramiento privado vigente desde 1993 por un sistema predominantemente público. Esta proposición, que constituyó el eje central de las reformas sociales del actual gobierno, pretendía eliminar la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), asegurando que los recursos financieros fluyeran directamente desde el Estado a las clínicas y hospitales.

La jornada de votación se desarrolló en un contexto político y social tenso, exacerbado por acciones recientes del gobierno, como la intervención de la EPS Sanitas y la Nueva EPS, debido a problemas financieros. Estas acciones no solo agitaron el panorama político sino que también colocaron en el punto de mira la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. La reforma, cuyo objetivo era garantizar el derecho fundamental a la salud y eliminar los beneficios económicos de entidades privadas, ha generado divisiones y controversias dentro de la coalición de gobierno y entre las diferentes fuerzas políticas, culminando en su eventual hundimiento.

El debate sobre la reforma ha revelado las profundas discrepancias entre los partidos políticos y dentro del mismo gobierno, reflejando una lucha de poder e intereses que trasciende las necesidades sanitarias de la población. Los ministros moderados del gabinete de Petro, como Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo, se han desmarcado del proyecto, evidenciando una crisis interna que ha socavado la estabilidad del ejecutivo. Además, las alianzas políticas que Petro había forjado en los primeros meses de su mandato se han visto fracturadas por desacuerdos sobre la reforma, afectando su capacidad para llevar adelante su agenda legislativa.

A pesar del consenso en torno a ciertos aspectos de la reforma, como la mejora en la atención primaria y la expansión de los servicios de salud en zonas remotas, la propuesta ha sido criticada por su falta de claridad financiera y el temor a una estatización excesiva del sistema de salud. Las discusiones han girado en torno a la gestión y distribución de los recursos, el papel de las EPS en el nuevo sistema y la viabilidad de un cambio tan radical en el modelo de salud colombiano. La decisión de archivar el proyecto evidencia un complejo entramado de intereses políticos y económicos, donde la salud pública se convierte en un campo de batalla para debates ideológicos y luchas de poder.